De hasta un “900 por ciento” es el aumento al impuesto inmobiliario que figura en las boletas de los vecinos y vecinas de Banfield Oeste desde febrero último. Obedece al quite de topes de los cánones pagados a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) como lo marcó la ley 14.200. Los afectados realizaron presentaciones ante organismos de defensa del consumidor que encabezan el reclamo en todo el territorio bonaerense y solicitaron ante el Congreso que se trate un proyecto presentado por un legislador local para dar marcha atrás con la suba.

A simple vista, es una de las localidades del distrito con más desarrollo urbano. Sin embargo, para sus residentes los ingresos que tienen no se condicen con el gasto que demanda vivir en esa zona según la última modificación impositiva. “Son propiedades muy lindas, en lugares céntricos pero es gente que lo heredó o que es jubilada. Además, el fisco la sobrevalúa pero si querés vender te pagan el 50 por ciento”, describió Cristian Ávila, responsable de la Cámara de Comercio banfileña que se puso al frente del movimiento.

En algunos casos, “antes su pago anual era de 2000 pesos y ahora se elevó a 19 mil”, ejemplificó el referente. Algunas familias abonaron “bajo protesta” pero en los casos en que no reunieron el importe son considerados morosos, con el consiguiente incremento de intereses. El impacto fue mayor antes de que el “intendente (Martín Insaurralde) reconoció que era abusivo porque tomaba como topes para evaluar las casas el impuesto municipal y por decreto volvió a atrás esa suba”, rescató el vecino.

En cambio, para la Provincia el ajuste era necesario y para determinar lo correspondiente a cada construcción “sacan fotos aéreas y, por ejemplo, si en una casa hay un toldo ya se contabiliza como edificación”, denunció, en diálogo con LA TERCERA. Para Ávila, el incremento coincide con la tendencia a transformar el área en un polo gastronómico o de torres, de modo que podría funcionar como estrategia para “acorralar” a los residentes para que vendan sus propiedades.

Un proyecto del diputado del GEN PS Marcelo Díaz plantea la marcha atrás en el alza. El colectivo vecinal manifestó su acuerdo con esa iniciativa y solicitó que se regrese al 20 por ciento límite que se abonaba antes de la ley 14.200 para luego establecer una mejora de ese valor en función del “costo de vida considerado por el Indec”, propuso el comerciante.