Se trata de Justo José Ilarraz, acusado por más de 50 casos de abusos sexuales perpetrados contra menores de edad entre 1984 y 1992, cuando era responsable del Seminario Menor de Paraná. Un abogado querellante presentó su renuncia por haber sufrido tres atentados en su domicilio.
Bovero dijo a la prensa que tras la investigación, que incluye testimonios de presuntas víctimas de Ilarraz, remitirá los resultados a las autoridades judiciales vaticanas para su evaluación y sentencia definitiva.
"Esta causa viene derivada directamente de la Santa Sede. No es un caso más del tribunal interdiocesano, que nosotros juzgamos. Además, esto no es un juicio. Es una instrucción previa", precisó.
"Las decisiones las toma la Santa Sede y después las ejecuta a través del obispo de cada lugar", agregó. Bovero explicitó que lo investigado "está dentro de los delitos graves, bien consignado en el Código de Derecho Canónico". "Es abuso de menores. Es para ver si configura este caso, teniendo en cuenta que aparece después de casi 30 años", confirmó.
Ilarraz es investigado por la Justicia de Paraná desde septiembre, acusado de unos 50 casos de abusos.
Siete testigos, que cuando fueron víctimas tenían entre 10 y 14 años, declararon que el sacerdote perpetró los abusos cuando eran pupilos del Seminario de la capital entrerriana.
Hace diez días, los abogados paranaenses Marcelo Baridón y Álvaro Piérola se presentaron en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, y el tribunal eclesiástico de Santa Fe, con copia al Vaticano, en nombre de una de las víctimas, para acusar a Ilarraz por el supuesto incumplimiento del "sexto mandamiento del decálogo que obliga a los católicos a no cometer actos impuros".
La defensa del sacerdote planteó la prescripción de la causa en el marco del expediente caratulado "Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada", situación que deberá ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
El procurador de Justicia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, dijo que en caso de que se confirme la prescripción admitida por la Cámara del Crimen de Paraná irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mayo, el juez de Instrucción de Paraná Alejandro Grippo decidió prohibir la salida del país de Ilarraz, quien vive en Tucumán y está acusado del delito de corrupción de menores agravado.
Los hechos fueron conocidos por la Iglesia hace 18 años, cuando el entonces arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlik, ordenó una instrucción, tras lo cual Ilarraz fue enviado a otra diócesis y la documentación mandada a la Congregación para el Clero y al Vicariato de Roma.
Renuncia un abogado
Milton Urrutia informó que durante la madrugada de este miércoles sufrió un atentado en su vivienda en Paraná. Alrededor de las 1:30, “implosionaron dos artefactos dentro del garaje”, reveló.
“Estaban preparados con tornillos y pólvora. Además había una carta, que decía que me deje de joder con la causa de los curas y que la próxima iba a ir un tiro en la vivienda -detalló el letrado- La carta estaba hecho con recortes de diarios o revistas”.
El hecho fue denunciado en sede policial. Ante lo ocurrido, Urrutia dijo sentirse “desahuciado, desanimado con todo, cansado, agobiado y harto”. Y advirtió que mientras avanza la investigación en la denominada causa Ilarraz, “ya vamos por el tercer atentado y por esto le llamo la atención al ministro (de Gobierno Adán) Bahl”.
Por lo demás, Urrutia comunicó: “Atento a las amenazas que vengo recibiendo he resuelto no continuar con la causa Ilarraz. Me han agotado y no hay garantías. No hay seguridad ni se puede trabajar tranquilo en esta provincia, desde el punto de vista independiente”.
Urrutia era abogado querellante en el marco de la causa penal que se le sigue al cura Justo José Ilarraz en la Justicia de Entre Ríos.
El abogado Urrutia reveló que explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa y responsabilizó a “un grupo organizado de cuasi terroristas”
El expediente, caratulado “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, llegó ahora en casación a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que deberá expedirse sobre un planteo de prescripción hecho por la defensa del cura.
La Sala Primera de la Cámara del Crimen ya dijo que los delitos estaban prescriptos, y de confirmar esa tesitura el máximo tribunal, el procurador Jorge Amílcar García ya adelantó que irá hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no descartó recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó Elonce.com
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