Al “cuando peor, mejor”, de la izquierda setentista, la “nueva política” que apareció cuando el país se hundía, allá por diciembre de 2001, lo sustituyó con menos elegancia dialéctica por el más práctico y chabacano “que se vayan todos”. Vino justo porque los que asomaban eran, esencialmente, los que habían quedado afuera del plato en los partidos y organizaciones políticas.

Sumadas a circunstancias muy fortuitas, así irrumpieron en Córdoba los que en 2003 empezaron a disputar poder. Desde entonces, su laboratorio de ensayo ha sido el Palacio 6 de Julio, para pesar de la ciudad.

Tal vez no haya que criticarlos con ligereza; tal vez su afán haya sido refutar no ya en laboratorio sino en el teatro real de operaciones la célebre “cuando peor, mejor”, para que quede así en evidencia que siempre puede ser mucho peor.

El primer experimento fue el de Luis Juez que, pese al viento de cola del sistema mediático, no pudo cuatro años después llevar a la Provincia sus nuevos criterios de administración y su oferta de manu pulite.

Para bien y para mal de los cordobeses, el experimento ha quedado confinado, al menos por ahora, a la Municipalidad. Desplegado con furor, el modelo dejó a la ciudad con 10 mil empleados y una dedicación a sueldos del 72% de los recursos que tiene el municipio, por mencionar sus taras estructurales más gravosas y de continuidad en el tiempo.

La improvisación ha sido el sino de estos siete años en el gobierno de la ciudad. Algunas cosas, pocas aunque importantes, se han podido reparar de aquel primer momento. Se ha achicado el déficit y se ha reducido el impacto en la economía de la asiática nómina de empleados. Otras quedan intactas.

Cuando comenzaron las paritarias con el Suoem, se acordó en que era necesario un contexto sin beligerancia gremial. Más teniendo en cuenta que estas negociaciones iban a tener agregado nada menos que el reclamo del sindicato para efectivizar a millar y medio de contratados. Pero esto no ha sucedido.

Resumiendo mucho: hay conflictos por la demora en trabajos de reparaciones de jardines maternales; la flota completa de camiones desobstructores de cañerías cloacales está en reparaciones; el corte de yuyos en baldíos está paralizado porque no hay unidades disponibles. Todos estos problemas, por supuesto, acompañados con un conflicto gremial.

Ayer, casi como una bravuconada, Daniel Rey, el eyectado secretario de Infraestructura y responsable de todas estas áreas y servicios, envió a algunos medios una carta dando a conocer el nombre y cargo de nueve funcionarios bajo su responsabilidad que se fueron con él.

En declaraciones a Cadena 3, Gabriel Bermúdez, secretario de Economía, hizo ayer referencias a Rey, aunque sin nombrarlo. Fue lapidario al hablar puntualmente sobre el problema de las cloacas. “Entre el intendente y el último operario hay una cadena de responsabilidades intermedias que no ha funcionado correctamente. Estas son las consecuencias. Por eso se han tomado medidas y se ha cambiado gente”, expresó.

Bermúdez no lo dijo ni podría. Pero, ¿qué hacía en el Gabinete municipal este arquitecto con una carrera de grado de varios años y máxima jerarquía de la UNC, que se conformó para desarrollar su profesión con un cargo en la nómina de empleados municipales?

Esto es de entera responsabilidad del intendente Giacomino.