Un informe realizado por el ingeniero Marcos Cativiela, auditor del Tribunal de Cuentas, sobre la licitación que realizó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la adquisición de terrenos en Capital, advierte sobre supuestas irregularidades en la que habría incurrido el organismo al adjudicar la licitación al grupo empresario que ofreció 300 hectáreas en la zona oeste.

Las objeciones a la licitación pública del IPV fueron elevadas a mediados de junio, antes de que el Tribunal de Cuentas se expidiera (Ver aparte).

El profesional realizó advertencias varias por la documentación que faltó en el proceso de licitación y cuestionó a la comisión que evaluó las ofertas. Concluyó que a criterio de la Unidad Técnica, la oferta que eligió el IPV "no posee una razonabilidad técnica admisible". Y fundamenta que "existe una incertidumbre en el terreno adjudicado sobre la superficie útil con la que podrá contar el IPV para la ejecución de viviendas. Tampoco se sabe sobre los costos aproximados de las obras mínimas necesarias".

Entre otros puntos, Cativiela señaló que no existe el Estudio de Impacto Arqueológico que permita definir las superficies que serán consideradas como reservas arqueológicas, donde no se podrá realizar trabajo alguno. Como ejemplo, mencionó el caso de una auditoría realizada sobre las 110 Viviendas Capital, donde 49 viviendas tuvieron que ser relocalizadas por ser reserva arqueológica. "Es decir que más del 40 % de las viviendas no pudieron ser ejecutadas por la empresa Capdevilla", comentó.

Mencionó que en la evaluación de la oferta no se tuvo en cuenta que el pliego decía que "se ponderará especialmente aquellos terrenos que completen y compacten la trama urbana. Cativiela manifestó que, conforme al ordenamiento territorial que tiene la Capital, los terrenos en los que se planea construir la ciudad satélite se encuentran "en zona rural y en el Área de Protección Limitada Ongolí".

En el informe también se indica que esa zona, ubicada al oeste de la ciudad, no cuenta con acceso a vías públicas y subdivisión, por lo que es necesario constituir un canal para poder dotar de los servicios. Y observa que no se pidió a los oferentes los certificados de no inundabilidad de los terrenos.

Explica que tampoco se solicitaron los certificados de factibilidad de los servicios de luz, agua y cloacas, por lo que se desprende que "el IPV no realizó el análisis de los costos con presupuesto mínimo necesario para realizar la obra en cada uno de los terrenos".

También admitió que figura la presentación de un estudio de impacto ambiental en la Dirección de Gestión Ambiental pero no figura la aprobación por los organismos competentes, tal como lo exige una ordenanza municipal. "Era importante saber si el terreno se encuentra condicionado parcialmente para la construcción de viviendas". Asimismo, advierte que el estudio de impacto ambiental fue realizado por un ingeniero agrónomo, "el cual se encuentra limitado en especialidades como obras hidráulicas, planeamiento urbano, redes viales", manifestó.

El fin social de la licitación

El 1º de julio el Tribunal de Cuentas autorizó la continuidad de la licitación pública que llevaba adelante el IPV. Había admitido que se cometieron omisiones y transgresiones durante el proceso para la adquisición de los terrenos en Capital.

En el dictamen, el organismo dijo que priorizó el fin social de la licitación, es decir, dar respuesta a la demanda de viviendas. Las autoridades consideraron que las transgresiones u omisiones podrían ser corregidas sin que esto significara la paralización del proceso de adquisición.