El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, manfiestó que en el pedido de juicio político que le formuló la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hay “desconocimiento de las cuestiones legales, jurídicas y económicas en juego” en la paralización de la obra del Megaestadio de Santa Rosa.

El funcionario entregó el descargó el martes en la Sala Acusadora de la legislatura provincial y pidió que los diputados convoquen como testigos, entre otros, al inspector de la obra, el ingeniero Roberto Lorda (denunciado penalmente por la FIA) y al presidente de la empresa Inarco, Héctor Mohedano, a cargo de la controvertida obra pública.

La acusación del fiscal Juan Carlos Carola apunta a la responsabilidad política de Varela ante la inacción frente a la paralización de la obra, que permanece suspendida desde el 6 de mayo de 2011 por un decreto firmado por el gobernador Oscar Mario Jorge. En su descargo, el funcionario insistió con el argumento de que la obra no se puede terminar porque la legislatura no aprobó la propuesta de otorgar a Inarco un nuevo plazo y presupuesto para el montaje de la estructura del techo construido por la empresa, que asumió los mayores costos por el error de cálculo de la estructura inicial.

Varela sostuvo que, por otro lado, tampoco se avanzó en una rescisión del contrato porque la provincia podría perder una eventual demanda judiicial de la empresa, algo que acarrearía un perjuicio económico a la provincia. El funcionario alegó, nuevamente, que la única forma posible para “destrabar” la obra es una alternativa de la que debería participar la legislatura provincial.

Mal nacida

El descargo -al que tuvo acceso El Diario- ya está en mano de los diputados de la Sala Acusadora. Varela argumentó que el problema para concluir la obra “radica en su génesis”, debido a las “falencias” del proyecto inicial y a la adjudicación a Inarco, una empresa sin la experiencia requerida en el pleigo para este tipo de obra.

Varela aseveró que el pliego se confeccionó “en contradicción” de la Ley de Obras Públicas y que la Direccion de Obras Básicas lo aprobó en función de la oferta de un proyecto de techo de 210 toneladas que “colapso”. Luego de la primera paraizació de la obra -que no pudo entregarse a fines de 2007- la empresa propuso otra esturctura, de 900 toneladas, absorbiendo los mayores costos.

El funcionario recordó que en noviembre de 2009 se reanudaron los trabajos y se otorgó una ampliación de plazo de 420 días. En mayo de 2011 se volvió a suspender. Y en junio de 2012, explicó Varela, la empresa recién advirtió que el costo para montar el techo no estaba previsto en el pliego. Sin embargo, la legislatura no aprobó el nuevo plazo y la inversión.

Después el gobierno propuso una comisión con la legislatura para definir la forma de hacer ese trabajo y destrabar la situación. “La complejidad también demanda soluciones extraordinarias”, sostuvo Varela.

Tiempos

La denuncia de Carola se produjo por la falta de resolución de la obra suspendida. “Es un absurdo imputarme responsabilidad por no haber impulsado un procedimiento admnistrativo contractual, dado que existen razones jurídicas, constitucionales, legales e institucionales que no han sido debidamete evaluados por el fiscal de Investigaciones Administrativas, opinó Varela en el descargo.

En primer lugar, alegó que “se equivoca el fiscal en la responsabilidad que me endilga a partir del 30 de diciembre de 2010, porque asumí el cargo en diciembre de 2011, un año despues de la paralización dispuesta y siete meses después de la presentación de la ley, 10 de mayo de 2011, que no fuera tratada por la legislatura”.

Según Varela, la falta de tratamiento de la ley para solventar el montaje del techo es “el primer impedimento legal y constitucional que me impide proseguir con la obra, dado que la extensión del plazo debía ser aproda por ley”.

Por otro lado, el funcionario advirtió que el sumario de la FIA se inició a raíz de una nota periodística en la que sostuvo que la obra podría quedar inconclusa, del 19 de octubre de 2012, cuando “solo habían pasado escasos 10 meses” de la asunción en su cargo.

Varela también mencionó que, entre las causales de paralización de la obra, figuraron “problemas de alabeo en las bases metálicas”, y que al ingeniero Mariano Ameijerias -que fue contratado para evaluar ese tema- le llevó más de un año y medio definir la estructura y los planos, por encima del año que mencionaba el pliego.

“Aun cuando el ministerio estaba a la espera de la decisión legislativa, no cesó en su accionar impulsor de la obra y estuvo en constante comunicación con la empresa”, aseguró en otra parte del escrito.

“No existe inacción sino más bien una conducta ajustada a derecho”, insistió Varela. En ese sentido, explicó que élno podía otorgar más plazos a Inarco a través de una resolución cuando el mismo gobierno había solicitado que eso se hiciese a través de una ley aprobada por la legislatura. “La inactividad para hacer efectiva mi responsabilidad política es inexistente, puesto que el fiscal funda su decisión en manifestaciones dogmáticas carentes de toda realidad y en cuestiones jurídicas que no fueron siquiera advertidas por el denunciante”, afirmó.

Según Varela, el fiscal lo coloca en la “disyuntiva” de no cumplir con sus deberes “al incurrir en desconocimiento de la ley para cumplir con el pliego, con el riesgo que esto implica, o de terminar la obra de la manera propuesta en la legislatura, para evitar tirar por la borda lo montos invertidos..., sin la pertinente habilitación legislativa”.

A esa altura del descargo, Varela dijo que la rescisión del contrato porque podría acarrear un perjuicio económico ante una eventual demanda de Inarco, ya que la empresa podría reclamar el pago de las 700 toneladas de más que tuvo que colocar en el techo y no le fueron abonadas.

También manifesó que se solicitió un presupuesto de un techo parabólico para cerrar la obra, una alternativa que costaría 101 millones de pesos. En este caso, primero estimó que debería resolverse “en el mecanismo del diálogo” propuesto a la legislatura y “no a partir de denuncias infundadas alentadas por vedetismos espureos que nada aportan a la convivencia democrática”. Y, segundo, lo consideró inconveniente, ya que que sería de menor calidad y el apuntalamiento para la estructura ya construida costaría 81 millones de pesos.

Para Varela, “la omisión a la que alude el fiscal es una conducta prudente” del gobierno, “cuyo objetivo es velar por los intereses de la provincia y en el marco de la constitución y las leyes”.

Una obra en sí misma

“Al desestimar la legislatura el pago del montaje, impide a este ministerio continuar con la obra, a la vez que dicha decisión imposibiita rescindir el contrato por culpa de la empresa, dado que justamente esa financiación del montaje no había sido prevista en el pliego”, argumentó Varela. Y opinó que la denuncia de la FIA “está evidenciado un desconocimiento de la cuestiones legales, jurídicas y económicas en juego”.

“Sería una iresponsabilidad como funcionario y como persona y un vulnerador de las normas y los interses de los pampeanos, que en esta situación planteada se me obligue a tomar una decision que contraria las leyes, la constitución, que seguramente afectaría gravemente las arcas provinciales”, concluyó.