A través de una carta dirigida al intendente municipal, vecinos de Valle Verde manifestaron su preocupación por la posible instalación en el barrio de un centro de rehabilitación de adicciones. “La semana pasada nos enteramos de que se pretende instalar un centro de rehabilitación a las adicciones en el barrio. Luego de conversar con el impulsor del proyecto, y ante la falta de confianza que genera -ya que las condiciones del lugar y el programa de rehabilitación no suponen ninguna garantía para un adecuado tratamiento-, el martes de 2 de septiembre se realizó una asamblea en la plaza del barrio para evaluar que medidas llevar a cabo”, señalaron a este medio.

En ese marco, “se acordó  realizar una nota al intendente  y al secretario de Salud. La carta se presentó ayer lunes con la firma de un centenar de vecinos. En dicha nota se solicita al intendente  que se establezcan las regulaciones necesarias ante este tipo de proyectos”, completaron.   

La carta

En la nota enviada al jefe comunal, los vecinos señalan que “quienes residimos en Valle Verde hemos tomado conocimiento de que en el corto plazo se pretende poner en funcionamiento un centro de rehabilitación a las adicciones en la calle 630 entre 605 y 601, de nuestro barrio. Enterados de este emprendimiento, nos pusimos en contacto con el dueño de la vivienda, a quién solicitamos información sobre las características y modos de funcionamiento de dicho centro. Como carecía de información, nos derivó a su inquilino, el Sr. Mauro del Malvar, quién se presentó como psicólogo social y encargado del proyecto”.

“La conversación que mantuvieron integrantes de la sociedad de fomento con el señor del Malvar, lejos de tranquilizarnos, ha generado mayores dudas sobre la conveniencia de instalar en nuestro barrio un emprendimiento de estas características. Motiva esta preocupación el hecho de que la vivienda en donde pretende llevarse a cabo dicho proyecto no reúne las condiciones mínimas como para ser destinadas a un centro de rehabilitación”, añaden, en tanto consideran que, en base a “lo establecido por el instructivo y reglamentación referido a la habilitación de comunidades terapéuticas provisto por la Subsecretaría de atención a las adicciones de la provincia de Buenos Aires, las condiciones edilicias requeridas para instalar un centro de rehabilitación a las adicciones suponen una inversión y una infraestructura considerable tendiente a garantizar las mejores condiciones de internación a los pacientes y al entorno donde llevaría a cabo sus actividades el centro de rehabilitación”.

“Nada de eso hemos visto luego de conversar con el Sr. Mauro del Malvar. Conociendo interna y externamente la vivienda donde se pretende llevar a cabo el centro de rehabilitación, es un despropósito y una absoluta irresponsabilidad albergar hasta 16 pacientes como pretende el impulsor de este proyecto, en una casa que, con mucho esfuerzo, puede albergar a lo sumo 8 personas incluyendo personal médico”, fundamentan. Pero no solo hablamos de dimensiones a la hora de referirnos a la imposibilidad de instalar en ese lugar un centro de rehabilitación. Si consideramos el instructivo provisto por la provincia, ni los pisos, ni los cielorrasos, ni las paredes, ni las habitaciones, ni los baños cumplen con los requisitos mínimos establecidos para montar un centro que trabaje con seriedad el consumo problemático de sustancias tóxicas, la adicción al juego y el alcohol”, agregan.

“Mientras que las normas establecidas en la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26657) promueven internaciones más breves, promoviendo vías de recuperación e inserción alternativas para los pacientes, nos enteramos por el Sr. del Malvar que su propuesta de tratamiento incluye internaciones que duran de 8 a 12 meses. Teniendo en cuenta los 12000 pesos que se pretende cobrar a cada paciente por mes por un tratamiento que, según su impulsor, dura de 8 a 12 meses, vemos que no hay ninguna intención de tratar con un criterio solidario ni benéfico esta problemática social, sino que más bien se trata de un negocio para pocos, aprovechando un mal que lamentablemente afecta a muchos”, continúan.

Por otra parte, destacan que “las irregularidades también se manifiestan en lo referido a la habilitación comercial que debe tener un emprendimiento de estas características. Mientras que el Sr. del Malvar asegura que pretende montar un centro de rehabilitación, el contrato de alquiler firmado estipula que la vivienda será destinada para uso privado, residencial. Y mientras asegura que ya tiene contactos en el Municipio que le gestionan la habilitación, la realidad es que ni siquiera hay una presentación de planos de obra en las dependencias municipales para su aprobación, requisito mínimo para una habilitación comercial municipal”.

Por tales motivos, y “dada la inconsistencia del proyecto, nos dirigimos a usted para solicitarle que revise la habilitación de este emprendimiento porque el mismo no cumple con los requisitos mínimos que se expresan en la Ley de Salud Mental (Ley 26.657) ni en el instructivo y reglamentación sobre la habilitación de comunidades terapéuticas del registro provincial de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de drogodependientes, ni en los requisitos establecidos por el municipio para la habilitación comercial de un emprendimiento, por lo que no garantiza un espacio saludable ni para los pacientes ni para los vecinos que residimos desde hace años, y que día a día trabajamos para lograr un lugar más grato para nuestras familias”, concluyen.

Artículo 15

Según refiere el artículo 15 de la Ley Nacional de Salud Mental, “la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes”.