Por lo bajo, la situación de las fotomultas viene ganando espacio en la política en General Pueyrredon. Frente a los reiterados reclamos desde el Concejo Deliberante, tanto del oficialismo como de opositores, sobre el estado del convenio con la Universidad Tecnológica Nacional - Regional La Plata, como los motivos sobre por qué se siguen formalizando actas de infracción pese a que las mismas no fueron reconfirmadas por la comisión mixta que debe analizarlas, ahora el tema será el centro de atención en la agenda legislativa.

Este lunes desde las 9.30, la comisión de Transporte tratará un pedido de informes del radicalismo sobre el estado de las fotomultas, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de la ordenanza que las reglamenta.

Uno de los aspectos nodales es la falta de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecición del Convenio de Fotomultas, integrada por dos representantes del Ejecutivo y tres del Concejo Deliberante, la cual se encuentra inactiva desde noviembre del año pasado. Dos de los representantes del Legislativo (Marcelo Carrara y Santiago Bonifatti) vieron caducar su mandato en diciembre, mientras que la última, Cristina Coria, renunció. Los referentes del Ejecutivo, en tanto, recién fueron designados por el actual gobierno en junio. 

A través del decreto Nº 748, Montenegro nombró a Ignacio Cicchelo, Director General de Análisis Estratégico del Delito en representación de la Secretaría de Seguridad, y Guillermo Iglesias, Director General de Transporte, lo que podría interpretarse como un guiño a la continuidad de la ordenanza, se dio a conocer a principios de junio.

En concreto, el expediente que discutirán los ediles solicita precisiones sobre el estado del “Convenio de Cooperación Técnico Institucional y el Programa Municipal Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable”, UTN, que permitió la puesta en funcionamiento del sistema de “Fotomultas” para el control de las infracciones de tránsito.

Al respecto, la autora del proyecto, Vilma Baragiola, expresó su preocupación ante “la falta de información sobre la situación en que se encuentra el acuerdo firmado con la UTN”. Además,  explicó: “Durante el transcurso del año 2019, presuntamente, la UTN planteaba suspender el convenio que tenía firmado con el Municipio. Por lo tanto, en caso de hacerse efectivo el retiro de una de las partes, creemos que se debe dar por caído el convenio y el Departamento Ejecutivo deberá decidir cómo se continúa”.

 Por lo pronto, según pudo averiguar este medio, fuentes del gobierno esgrimieron que la continuidad del convenio con la UTN se está “evaluando” y que habrá que determinar “cómo se sigue”, aunque crecerían las chances para que la ordenanza quede sin efecto.