Vale le debe casi $ 41 millones a la metalmecánica local

Vale le debe casi $ 41 millones a la metalmecánica local
Se trata de cinco firmas -casi todas pequeñas- que invirtieron para montar Potasio Río Colorado. A nivel nacional son $ 240 millones.

La deuda que tiene la minera brasileña Vale con la UTE Consorcio Potasio Río Colorado y ésta, a su vez, con las subcontratistas del sector de la metalmecánica provincial alcanza los $ 40,9 millones. Dicho monto se le adeuda a cinco pymes mendocinas, sobre un total de 11 a nivel nacional. El dato surge de un recálculo que relevaron desde la cámara que los nuclea y que ya presentaron al Gobierno mendocino y que mostrarán la semana próxima, en Buenos Aires, al Gobierno nacional.

Los montos adeudados a cada empresa mendocina, en promedio, redondean los $ 8 millones. Por caso, a una firma $ 12 a otra $ 4 millones mientras que hay alguna con $ 20 millones a favor. En total, a nivel país, la deuda asciende a $ 240 millones, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

Las firmas mendocinas, explica el gerente de la cámara, César Varettoni, son "tipo pymes, pequeñas y de conducción familiar". Dentro del total de las empresas afectadas, estas pymes "recibieron un golpe muy fuerte" porque algunas (y pone como ejemplo a Metal1) tenían comprometida el 100% de su plantilla de empleados. Mientras que otras entre un 15% y un 20% de sus operarios.

En el listado figura Capac SA, Artrans, Instalar DG y Electromecánica Bottino. En la opinión de Varettoni "el impacto ha sido más financiero que económico". Afirman que "no tienen la espalda económica ni los recursos" que otras empresas proveedoras a las que también se les debe pero que ya han re designado sus empleados hacia otros proyectos.

En cuanto al adelanto de obra, estas pymes han entregado hasta el 100% de lo contratado, como por ejemplo Instalar DG y Electromecánica Bottino. En otros casos, entre el 50% y 90% de lo acordado.

En relación al personal, están comprometidos más de 200 puestos de trabajo de este sector. Hasta el momento hay 110 personas despedidas y unas 95 que quedaron en suspenso.

A nivel nacional las firmas involucradas son más grandes que las locales y fabrican calderas, cañerías, ductos, etc. Algunas empresas son Tega SA, Cíntolo Hnos y Royo Sacif.

Malos augurios

Desde Asinmet, Varettoni señaló que hoy estas empresas se encuentran ante dos problemas. Primero, las entidades bancarias con las que operan "les han cortado el crédito" y no están "acompañando en este momento" a las firmas.

Es más, a los empleados con cuenta en esos bancos u otros, les han congelado las cuentas hasta que "se cobren los resúmenes de las tarjetas de créditos". Según Varettoni, "les dejarán disponer sólo de los saldos".

Por este motivo, la Asociación que nuclea a las firmas metalmecánicas ha solicitado al Gobierno provincial algunas ayudas para paliar la situación. Reclaman acciones tales como re direccionar los planes Repro (de sostenimiento de empleo) ante la crisis financiera que padecen estas empresas pequeñas.

También solicitarán al Fondo para la Trasformación alguna ayuda a tasa preferencial para aliviar cierto plazos. Desde la Cámara subrayan que "no queremos que el Estado pague por nosotros nada, sólo que nos alivien en algunos plazos". Esto es sobre algunas inversiones que realizaron (compra de material y herramientas) para poder trabajar con la minera. Señalan que buscan fondos para pagar sus deudas.

Pedido de reactivar obras

Además, Asinmet pedirá al Estado provincial que analice reactivar otros proyectos como Sierra Pintada, San Jorge, Los Blancos o Portezuelo del Viento para asegurar cierta continuidad de trabajo y paliar esta crisis.

Dicha propuesta, explica Varettoni, se da ante "la falta de medidas concretas" por parte del Gobierno provincial. Es más, explica que "no se dice nada" sobre el decreto de la conciliación obligatoria que impide despedir el personal y que "amenaza a las firmas que lo hagan, con 10 años de imposibilidad de formar parte del listado de proveedores del Estado".

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