Nada hubiese pasado si el propietario de uno de los kioscos ubicados por calle Mitre entre Tucumán y avenida Rioja no iniciara juicio de posesión veinteñal por el terreno donde tiene su comercio y que originalmente le pertenecía al Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera. La causa judicial encendió la luz amarilla en los abogados de Fiscalía de Estado, quienes percatados del posible perjuicio en contra de los intereses de la Provincia, advirtieron al titular de la repartición y éste terminó enviando a Diputados un proyecto de ley. En el mismo se ratifica un convenio celebrado entre la Provincia y la Nación en el año 1992, donde todos los establecimientos escolares que pertenecían al Estado nacional pasaron a jurisdicción provincial. En aquel entonces lo que se debía realizar era ratificar el convenio en Diputados, por medio de una ley y luego realizar todos los trámites para escriturar los terrenos y los inmuebles para que pasen al patrimonio provincial.

Por argumentos que se desconocen por el momento, nunca se hizo nada y todo siguió de manera normal. Se realizaron obras de refacción y mantenimiento, siendo que en el convenio se prohibía a la Provincia invertir recursos sin antes tener la escritura de los terrenos e inmuebles. Muchos, por no decir la mayoría de los colegios, recibieron la asistencia técnica financiera del gobierno provincial, sin que se hayan registrado objeciones de la Nación.

Según un relevamiento que se ha realizado por parte del diputado Omar Blanco, quien lleva la tarea de retrotraer terrenos que donó el Estado pero que nunca cumplieron con los cargos que tenían que cumplir los beneficiarios, son más de 52 los establecimientos escolares que no están escriturados y que en el pasado fueron de jurisdicción nacional.

Hasta el momento no hay más que un solo juicio de posesión veinteñal en trámite, iniciado en el año 2002, pero la iniciativa de Fiscalía de Estado es evitar que el problema sea mayor.

El proyecto de ley sería tratado en sesiones extraordinarias este mes y como paso siguiente vendría la tarea de la Escribanía Mayor de Gobierno de realizar la escrituración a nombre del Estado provincial de los 52 establecimientos educativos.

Con el convenio aprobado, Fiscalía de Estado tiene las herramientas para presentarse en el juicio de posesión veinteñal en curso, por los terrenos del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera y tratar de evitar que el establecimiento pierda parte de la manzana que le corresponde.

Lo cierto es que después de 18 años llegó la decisión, obligada, de regularizar la situación de los terrenos. Lo particular es que llega por una acción de un tercero y no de quien debía encargarse de seguir los trámites y regularizar el estado de los terrenos, que es Fiscalía de Estado. GT