En silencio y sin que nadie se inmute se acumulan las vacantes en la Justicia de Paz de Tucumán, instituto estratégico para expandir el brazo del Derecho hasta parajes recónditos y, por ende, vulnerables a la ley del más fuerte.

En el presente, está acéfalo el 21% de los 72 juzgados existentes en la provincia. Algunas de las 15 vacantes informadas por Raúl Fernando Scrocchi, secretario de la Inspección de Juzgados de Paz, son antiguas, como es el caso de Tafí del Valle: el último titular,Benito Esteban Cruz, renunció para jubilarse en 2012, según la base de acordadas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La situación obliga a recurrir al instituto de la subrogancia: ello quiere decir que los jueces de Paz en funciones subsanan los huecos al precio de descuidar sus propios despachos.

La última designación data de hace tres años. Desde entonces, el Poder Ejecutivo, que es quien propone a los jueces de Paz, congeló los nombramientos. El incremento progresivo de las acefalías -el 21% es todo un récord- se compadece con una reforma organizacional que viene demorada desde hace por lo menos dos décadas. En septiembre de 2015, la Legislatura confirió amplias facultades a la Corte para que esta proceda a ejecutar los cambios, pero cuestiones técnicas y diferencias internas siguen dilatándolos (se informa por separado).

La administración del gobernador Juan Manzur no cubrió ninguna plaza de la Justicia de Paz: a diferencia de la magistratura, la designación es discrecional -no procede por concurso- y debe recibir el acuerdo del alto tribunal.

Su antecesor en el Poder Ejecutivo,José Alperovich, se caracterizó por intercalar nombramientos de funcionarios legos y abogados, pese a que en 2004 impulsó la creación de la Justicia de Paz Letrada. Una excusa legal -la indefinición de la competencia territorial- paralizó en los hechos la intención de descomprimir los Tribunales y facilitar el acceso a la Justicia a la población rural. 

Prevalece la afinidad

El repaso por las designaciones que concretó Alperovich sugiere que en ellas prevalecieron las afinidades políticas, y los lazos de amistad y de parentesco. Entre los legos nombrados en los últimos años de su gestión -con el visto bueno del alto tribunal- están Mabel Concha de Llorens de Dip, ex legisladora oficialista y esposa del ex parlamentario alperovichista Iván Llorens Dip; Sergio Eduardo Hadla, pariente del ex legislador Raúl Oscar Hadla, y Gabriela Terraf, hija del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf. La última cobertura decretada por Alperovich benefició a la abogada María Beatriz Peluffo, hija de la ex legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo y nuera del legislador oficialista Osvaldo Morelli, ex intendente de Concepción. Tanto Mabel Concha como Beatriz Bordinaro integraron la Junta Electoral Provincial.

Sólo el 16,6% de los jueces de Paz eran abogados en 2012. La nómina disponible en el portal institucional de la Justicia muestra que el número de abogados rondaría el 20% en el presente. En teoría, la posibilidad de nombrar legos terminó en septiembre, cuando el Poder Legislativo facultó a la Corte a adecuar los cargos disponibles a las demandas de la Justicia de Paz Letrada. Los requisitos para acceder a los puestos son los mismos fijados en 2004: ciudadanía argentina; 25 años o más; título de abogado con al menos un lustro de desempeño y residencia en la jurisdicción del juzgado.

Una hipótesis 

No obstante la nueva normativa y la conveniencia de jerarquizar la institución para que pueda resolver los pleitos más comunes de las zonas rurales (como contenciosos de Familia), un sector del oficialismo pretendería asignar los cargos vacíos a punteros, dirigentes y parientes del poder político que no disponen del título profesional requerido. Esta versión circula tanto por la Casa de Gobierno como por el Poder Judicial. En ambas instituciones se habla de que incluso habría una lista preparada para cubrir cargos que suponen un gran poder y ascendencia sobre la población -en especial, de índole electoral-, y un sueldo con estabilidad vitalicia más que apetecible. El archivo apoya esa hipótesis: en los seis meses posteriores a los comicios del 28 de agosto de 2011, el Poder Ejecutivo designó diez jueces de Paz. Nunca más volvió a exhibir tanto interés por el asunto. 

“No hay planes de cobertura por el momento”, dijo Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. La Corte, por su parte, tampoco se dirigió de manera formal al Poder Ejecutivo para apurar la proposición de nombres, más allá de algunas declaraciones a la prensa.

En mayo de 2015, el vocal Daniel Posse interpretó que la demora en la cobertura de los cargos de la Justicia ordinaria y de la de Paz obedecía a la agenda electoral. “No podemos obligar al Poder Ejecutivo a que envíe los pliegos, pero sí estamos en forma sistemática haciéndonos eco de lo que nos plantean los abogados, la sociedad y los propios magistrados, que deben subrogar a sus pares”, había expresado Posse.

Históricamente la cobertura de los juzgados de Paz fue fruto de un consenso entre el gobernador y el alto tribunal. Pese a que la cabeza del Poder Judicial avaló el nombramiento de legos, en ese ámbito afirman que la nueva ley -que promulgó Manzur el 23 de noviembre de 2015- ya no deja margen: los jueces de Paz deben ser letrados.

En junio del año pasado, el lector Ramón Humberto Acosta publicó una carta en este diario en la que dijo que había trabajado 42 años en la Justicia de Paz. Y añadió: “este instituto creado en la época de Rivadavia sirvió para designar allegados a caudillos zonales quienes, por lo general, tenían escasos o nulos conocimientos del Derecho. Por mi experiencia opino que los jueces de Paz, sin lugar a dudas, deben ser letrados y nombrados por concurso para evitar el caudillaje. No se puede esperar otros 200 años”.

El tema en cinco pasos

1 El 21% de los juzgados de Paz están acéfalos. La última cobertura data de hace tres años, según los registros de la Corte Suprema local.

El Poder Ejecutivo elige a los jueces de Paz sin concurso. Los nombres propuestos deben recibir el visto bueno del alto tribunal local.2 El Poder Ejecutivo elige a los jueces de Paz sin concurso. Los nombres propuestos deben recibir el visto bueno del alto tribunal local.

3 Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, confirmó que por el momento no hay planes para llenar los juzgados acéfalos.

4 Según una versión, la reticencia a designar obedecería a la intención de colocar punteros y dirigentes legos en los despachos vacantes.

5 El oficialismo impulsó la Justicia de Paz Letrada en 2004, pero la ley nunca fue aplicada. Otra norma de 2015 intenta saldar esa vieja deuda.

El Colegio de Abogados de la Capital objetó con insistencia en el pasado la falta de voluntad política para implementar de una vez en Tucumán la proyectada Justicia de Paz Letrada. Se trata de una institución que podría ampliar el horizonte laboral de los colegiados y favorecer el desarrollo de la profesión en lugares alejados de los centros urbanos, además de aliviar el volumen enorme de juicios que abarrotan los Tribunales. “La persistencia de nombramientos discrecionales de legos en los juzgados de Paz bastardea la institución en beneficio del poder político y la coloca al servicio del pago de favores entre las autoridades. El Estado obstaculiza la jerarquización de estas oficinas, promueve la denegación de justicia y afecta las incumbencias específicas de los abogados”, había dicho Eudoro Aráoz en 2012, cuando presidía el Colegio de Abogados (hoy es legislador de la UCR).