Las familias que durante el fin de semana largo ocuparon ilegalmente viviendas sin terminar ubicadas sobre avenida Choya, al norte de la ciudad, continuaban esperando la presencia de algún funcionario del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con la intención de poder dialogar sobre la posibilidad de que sean cedidas en forma legal por el organismo.

El complejo habitacional tiene 130 viviendas, pero sólo se entregaron terminadas 70, de acuerdo con lo manifestado por los usurpadores, durante la gestión de Eduardo Brizuela del Moral y desde hace más de cuatro años que la obra quedó paralizada.

En la mañana de ayer, personas que se identificaron como de la empresa que tenía a cargo la obra, comenzaron a retirar el poco material que quedaba en algunas viviendas e informaron a las familias que no continuarían trabajando. Al mismo tiempo, estos encargados responsabilizaron al IPV del robo de gran cantidad de materiales que fueron desapareciendo en los últimos días.

De acuerdo con lo manifestado por las familias, intentaron hablar con alguno de los funcionarios pero no tuvieron respuestas y resolvieron no retirarse de las casas hasta tanto alguien se acerque a dialogar.

Pese a la insistencia de este diario por lograr información por parte de los funcionarios del IPV, no fue posible contactarlos, salvo el director de Adjudicación y Control de Vivienda, René Córdoba, quien se limitó a informar que es la empresa quien debe hacerse cargo de la usurpación y solucionar el problema.

Las familias volvieron a insistir en la situación en la que se encuentran a raíz de la necesidad de tener una vivienda y pidieron al Gobierno una solución inmediata. Mujeres y niños se instalaron en estas casas donde no tienen los servicios de agua y luz y mucho menos baños, lo que pone en riesgo la salud mientras permanezcan allí.