Lo hizo en el marco de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores que se desarrolló en el Salón Illia del Congreso de la Nación, que fue convocada por iniciativa del legislador entrerriano y presidida por el Senador Daniel Filmus.

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto realizaron una exposición de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso por las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay; detallaron aspectos del caso iniciado en mayo de 2006 y que finalizó con el fallo del Tribunal Internacional, el cual confirma la interpretación del Estado Argentino de que el Estatuto del Río Uruguay se aplica en su totalidad a emprendimientos de producción de celulosa, como ENCE y BOTNIA, que utilizan aguas del río y son intrínsicamente contaminantes.

Es decir: tanto a las obligaciones procesales de informar y consultar a la CARU y a la Argentina que impone el Estatuto, de manera reiterada y sistemática, así como a los compromisos asumidos con Argentina durante las negociaciones, que la Corte concluye que no fueron conducidas de buena fe.

Agregaron que la Corte reconoce que desde que funciona Botnia ya se han superado los límites de contaminación establecidos para el Río Uruguay. Manifestaron que la Corte estableció expresamente que Uruguay está obligado a permitir a la CARU vigilar de manera continua el funcionamiento de la Planta de Botnia.

En orden a ese razonamiento, Guastavino planteó su inquietud “respecto de la reticencia que se observa en algunos funcionarios del Gobierno uruguayo para cumplir con lo establecido no sólo con el fallo de La Haya, sino además con lo acordado por los Presidentes Mujica y Fernández de Kirchner que expresamente establece llevar adelante un Plan de Vigilancia de la Planta de Botnia-UPM a través de la CARU”.

Se le respondió que: “actualmente la Cancillería está en un proceso de administración del fallo, nos remitimos al acuerdo de Anchorena que se firmó entre los Presidentes Mujica y Fernández de Kirchner y que establece que en cumplimiento del fallo de La Haya del 20 de abril de 2010, a través de la CARU se llevará a cabo un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM y que consistirá en el control y prevención de la contaminación del Río Uruguay”.

Ante la insistencia de Guastavino acerca de la concreción de ese paso se argumentó: “tenemos 45 días para llevar adelante un proceso de negociación complejo y de no aceptar la disposición del Tribunal Internacional, Uruguay estaría ante un incumplimiento de la sentencia”.