El gobernador Sergio Urribarri salió esta tarde a responder a las críticas contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial que promueve una suba en el impuesto Inmobiliario Rural a los grandes productores agroecuarios; medida que desvinculó del conflicto entre el Gobierno y el campo. "No es intención de este Poder Ejecutivo iniciar discusiones de corte ideológico acerca de este proyecto. La progresividad en los impuestos, es decir quien más tiene más paga, es norma aceptada en todo el mundo y en todas las variantes del sistema capitalista desde los más liberales hasta los más cercanos al socialismo", sostuvo.

Además aclaró que "las situaciones no saldadas entre el gobierno nacional y el sector rural no tiene ninguna relación con esta iniciativa". Y aseguró que el conflicto "no ha influido para determinar una eliminación transitoria o reducción del impuesto para 49.000 propietarios rurales y el incremento del mismo para 2.800 de ellos. Se trata de una iniciativa impulsada sobre la base de estudios técnicos objetivos y decisiones políticas razonables".

"Estas mismas discusiones son las que muchas veces llevan a poner de relieve ciertos aspectos de la realidad rural soslayando otros igualmente importantes. Entre ellos, que el patrimonio es una medida que expresa la capacidad contributiva de un contribuyente. Así, un campo de 1.000 hectáreas a 5.000 dólares la hectárea implica un patrimonio real y tangible de 5 millones de dólares, es decir casi 20 millones de pesos. De allí para arriba es el rango de patrimonios y contribuyentes sobre los que impacta el rebalanceo del Impuesto Inmobiliario Rural propuesto por mi gobierno", sostuvo el gobernador.

En ese sentido señaló que la oposición a estas decisiones que han manifestado ciertos referentes de los pequeños y medianos productores, que piden que las grandes propiedades rurales no paguen más impuestos, "resultan contradictorias". Al respecto cabe recordar las duras críticas al proyecto que señaló ayer el dirigente Alfredo De Ángeli.

"El Estado debe financiar su actividad con recursos genuinos. Y adecuar el avalúo de las grandes propiedades rurales es un recurso totalmente legítimo, justo y no distorsivo. Pero aún así, el gobierno está dispuesto a generar compensaciones en tanto en el uso productivo de estas grandes propiedades se activen inversiones y se cree mano de obra", indicó Urribarri.

Reiteró además que este es el inicio de una política impositiva que tenderá a ir haciendo "correcciones graduales y previsibles" para todos los contribuyentes, pero todas en ese mismo sentido: "El de la progresividad y el de la sustitución de los impuestos distorsivos que afectan la producción, las cadenas de valor y la generación de trabajo", puntualizó.