En Posadas y Garupá, URBASER gestiona agua potable y cloacas, pero las facturas de SAMSA parecen cobrar vapor en vez de agua. Los españoles y sus socios ocultos se están despidiendo de la concesión y mientas tanto venden la nada a precio de obra. Los usuarios, ahogados por los costos.
En Posadas y Garupá, lo que antes fue la Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS) hoy tiene un solo nombre: SAMSA. La empresa, que desde 1999 opera la concesión de agua potable por red y saneamiento cloacal, se convirtió en un símbolo de la privatización que salió mal. En vez de mejorar la red, el servicio se volvió carísimo e inestable. Pero las facturas, curiosamente, siguen subiendo. Y subiendo.
URBASER, el grupo español que se quedó con la concesión a través de SAMSA, parecía llegar con el manual europeo de eficiencia en la mano. En cambio, lo que dejó en la región fue un sistema en caída libre, con pérdidas en la red, cortes reiterados, desinversiones y una factura cada vez más parecida a una boleta de luz de lujo. Los usuarios pagan por algo que, en muchos casos, ni reciben en cantidad ni en calidad.
En Garupá y en barrios alejados de Posadas, la cuenta de agua se disfraza de “cobro integral”: le suman estudio de consumo, mantenimiento presunto, recargo por servicios imaginarios y, qué sabe, quizá también por el aire que respira el inspector. Lo cierto es que muchos comprobantes parecen más bien pruebas de estrés económico: el agua existe, pero el cobro es digno de un spa de lujo.
Mintras tanto, URBASER se prepara para largar el volante de la concesión. La empresa ya avisó que congeló las inversiones, posponen obras y se reúnen para “renegociar el contrato”. Es decir: antes de irse, se llevan todo lo que pueden: el dinero, la clientela cautiva y, sobre todo, la impunidad de una factura que no se discute sino que se paga, porque el Estado dejó que el servicio se volviera esencial y privado al mismo tiempo.
La privatización de APOS en 1999 se vendió como modernización; hoy se ve como un negocio perfecto para el capital: el Estado se desprende del servicio, el privado gestiona el cobro y el cliente se queda sin respaldo. En Posadas y Garupá, eso se traduce en planes de cloacas a medias, cañerias que pierden y usuarios que pagan por agua que, en muchos casos, se convierte en un suspiro en el medidor.
La madre del borrego
La Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS) en Misiones fue privatizada a mediados de la década de 1990, durante la gobernación de Ramón Puerta. El servicio pasó a manos de la compañía Samsa (Servicios de Aguas de Misiones S.A.), conformada por capitales privados, en el marco de un proceso de reformas estructurales.
La privatización se concretó como parte de una serie de enajenaciones de empresas públicas misioneras entre 1991 y 1999.
El proceso de privatización de APOS en 1996 fue cuestionado e incluso se pidieron reabrir investigaciones sobre presuntas irregularidades en la certificación de obras por parte de funcionarios de la época.
Fue la administración provincial de Ramón Puerta la que llevó a cabo la privatización de APOS en Misiones.
Si el próximo aumento se justifica con “mejora de la calidad del servicio”, habrá que revisar el manual de ficción: porque lo único que ha mejorado en esta historia es la capacidad de URBASER para esquilar al usuario antes de desaparecer.
Parar el saqueo, que es lo que es
En medio de la polvareda por las facturas de SAMSA, ya no solo protestan en la calle: también se mueve la política local. En el Concejo Deliberante de Posadas, el edil Jair Dib presentó una ordenanza para obligar a SAMSA a instalar “bloqueadores de aire” en los medidores domiciliarios y a asumir el costo sin trasladarlo a los usuarios, con el objetivo de evitar que se facture aire en lugar de agua real.
A nivel provincial, la Legislatura de Misiones viene siendo escenario de debates reiterados sobre la concesión de agua y cloacas, con denuncias de sobre‑facturación, desinversiones y reclamos vecinales que ya se tradujeron en proyectos de ley y notas de requerimiento hacia la empresa y los organismos de control.
En la práctica, el poder político se ha convertido en un altavoz de la indignación ciudadana, aunque aún no en el cortafuegos capaz de frenar, de verdad, la voracidad tarifaria de una privatización que se fue de las manos.
¿Usuarios maniatados?
Alternativas a SAMSA para servicio de agua en Posadas
En la práctica, no existen alternativas directas al servicio de agua potable por red en Posadas fuera de SAMSA, al menos como prestadora oficial. SAMSA es la empresa concesionaria del servicio de agua potable y cloacas en Posadas y Garupá, por lo que casi todos los hogares y comercios están atados a su facturación, sin posibilidad de “cambiar de proveedor” a otra empresa privada.
Qué opciones reales existen hoy
Pozos propios o perforaciones privadas: en algunos barrios o zonas periféricas, familias o quintas usan pozos caseros o perforaciones para abastecimiento propio, pero eso no reemplaza el servicio cloacal ni la red de agua potable certificada, y suele implicar mayores costos de mantenimiento y riesgos sanitarios.
Tanques de agua y cisternas
Muchas viviendas recurren a tanques de toma directa cuando el servicio de SAMSA se corta o baja presión, pero esto sigue dependiendo de la red de la empresa y no es un sustituto real del servicio.
Prestadoras municipales o cooperativas en otras ciudades
En otras ciudades de Misiones sí hay alternativas como cooperativas eléctricas que también prestan el servicio de agua, pero en Posadas no existe una prestadora municipal o cooperativa paralela que compita con SAMSA.
Cambios reales que el usuario puede obtener
Reclamos de refacturación
Defensa del Consumidor y organismos provinciales recomiendan presentar reclamos ante SAMSA y, en su caso, ante EPRAC y Defensa del Consumidor, exigiendo refacturación si la medición se basa en aire, fugas o errores en la red.
Acciones colectivas y demandas
Vecinos están evaluando acciones judiciales colectivas para anular boletas infladas, lo que podría llevar a esquemas de tarifa plana o promedios históricos mientras se soluciona el problema de medición.
Hoy la única “alternativa” real es presionar políticamente y judicialmente para que el Estado termine o renegocie la concesión de SAMSA y eventualmente asuma o transfiera el servicio a una prestadora pública o municipal, pero de momento no hay un proveedor paralelo que un usuario de Posadas pueda elegir libremente

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