El gremio más importante de la administración pública, UPCP, salió a objetar el esquema oficial de una “pauta salarial” uniforme del 20% de recomposición para todo el Estado, planteando que con un incremento idéntico para todos los sectores no se resuelve el retraso que sufren los trabajadores del Poder Ejecutivo.
Buscando previsibilidad
Niz indicó que, tras los feriados, en esta semana “continuarán las mesas técnicas con el Poder Ejecutivo, con el propósito de reanalizar todas las variables financieras y económicas que permitan arribar a un acuerdo salarial que le otorgue previsibilidad a los trabajadores del sector público durante el año 2011”.
Sin embargo reconoció que más allá de ese diálogo, el gobierno “se mantiene inamovible en la propuesta formulada a UPCP en cuanto al pago del 20% de incremento en dos etapas, acción que se ejecutará en forma unilateral por la patronal y que es independiente de la aceptación o no por parte de la entidad sindical”.
La oferta del 20% fue planteada por la gestión de Jorge Capitanich a todos los gremios del sector público, incluidos judiciales y docentes. En todos los casos el gobierno recibió expresiones de rechazo y algunas medidas de fuerza, pero el Ejecutivo no quiere salirse de ese esquema con el argumento de que en caso contrario se podría comprometer el manejo de las finanzas provinciales.
Sin embargo, Niz objetó la “pauta única” con el argumento de que “la tan mentada política unificada de salarios no es la mejor alternativa para los trabajadores del sector central de la administración, dado que las áreas que lo componen son las que concentran la mayor cantidad de recursos humanos y con más bajos salarios”.
La idea del gremio es lograr por eso un proceso de equiparación que nivele los sueldos del Ejecutivo con los de los poderes mejor remunerados, el Legislativo y el Judicial. En 1992 la conducción de UPCP de entonces logró una ley que daba aumentos progresivos a la administración central para aproximar su escala de sueldos a la de los otros poderes, pero la norma terminó siendo derogada en medio de una crisis con los ingresos por coparticipación federal.
Otro escenario
En aquel entonces gobernaba la provincia Acción Chaqueña y el escenario político era muy distinto al actual, ya que el partido creado por el coronel José Ruiz Palacios no tenía mayoría en la Legislatura, y la oposición peronista y radical votaba normas dirigidas a recuperar la simpatía de los empleados públicos, perdida en los comicios de 1991 que consagraron gobernador a Rolando Tauguinas.
Hoy la situación es otra, y además surgió la idea de una receta salarial única para todo el Estado. No obstante, el 20% ofrecido este año tiene matices, y algunos sectores aceptaron ese porcentaje pero a cambio negociaron otros beneficios que no figuran en los sueldos básicos pero que de todos modos suman ingresos.
El caso más notable es el de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que consiguieron el visto bueno del gobierno para cobrar nuevas bonificaciones que en los hechos agregan recomposiciones de entre el 20 y el 40%, que se suman al 20% “oficial” de reajuste (ver más información en página 3).
Nada cerrado
Niz dijo que UPCP piensa “velar por los intereses de todos los trabajadores y no de ciertos grupos que nuclean a sólo una parte muy pequeña de la administración” y advirtió que “aún no ha concluido el acuerdo salarial, porque estamos en una etapa crucial, acercando posiciones en relación con los acuerdos sectoriales y para los contratados de servicios, obras y jornalizados que desde 2008 no tienen aumento salarial”
“En este contexto UPCP considera importantísimo tener una visión global de lo que significaría para el trabajador, por primera vez, tener claros los incrementos salariales que recibirá durante el año” para lograr “un bajo nivel de conflictividad, sobre todo teniendo en cuenta que las funciones que se desarrollan en el nivel central de la administración se corresponden con las prestaciones más sensibles, como lo son la salud, desarrollo social y educación, pilares básicos fundamentales, que funcionando de modo equilibrado permiten construir una política de Estado de inclusión, que tanto necesita nuestra provincia”.
Niz afirmó que ejercerá de modo responsable el mandato que le han confiado los delegados a la comisión directiva, en la inteligencia de que el esfuerzo y la constancia en el reclamo propiciarán la justa composición de intereses para que las tratativas posibiliten la aplicación de una política de equiparación salarial que proteja a la franja de más bajos ingresos.


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