Además de los cuatro ex militares presos, entre los que se cuentan Aníbal Verdura y Omar "Pájaro" Ferreira, en las últimas semanas fueron detenidos alrededor de quince personas más, incluyendo al ex comisario Héctor Rinaldi y al médico Luis Seambelar, trascendió en las últimas horas.

Además se habrían producido otras detenciones por crímenes de lesa humanidad, aunque no vinculadas con la investigación sobre Monte Peloni, ya que habrían sido ordenadas por un juez platense.

En general, los detenidos integran la lista que ya trascendió hace varios meses, aunque en ella no figuraba Rinaldi, un ex comisario que durante años encarnó en Olavarría el estereotipo del "policía duro", una imagen que lo acompañó desde sus tiempos de oficial en los años sesenta, al igual que el apodo de "Caballo Loco" con el que era conocido popularmente.

Después de retirarse Rinaldi continuó siendo una figura pública, ya sea a través de declaraciones periodísticas en los que se refería a cuestiones vinculadas con la seguridad en general o la Policía. También supo hacer un uso intensivo de las redes sociales.

Además de algunos testimonios recogidos por la Justicia inmediatamente después de que la dictadura militar abandonara el poder, Rinaldi no fue involucrado directamente con la represión ilegal hasta que lo hizo un testigo que declaró en el juicio por la verdad que se hizo en Olavarría en el salón del Club Social.

Otro policía bastante conocido, aunque de mucha menor jerarquía, es el suboficial principal (R) Juan Carlos Gurrieri. Este policía que se desempeñó durante muchos años en la Seccional Primera era considerado como "el que manejaba la calle", lo que directamente implica no sólo el conocimiento del módico -en aquellos tiempos- hampa local sino que es el "recaudador" por excelencia.

Durante años fue evidente que Gurrieri terminaba convirtiéndose en el "hombre de confianza" de cada comisario que llegaba a la Primera, consecuencia evidente de que nadie podía prescindir de él. Ciertas o no, durante años circularon toda clase de anécdotas por la ciudad sobre esa particularidad de Gurrieri.

El comisario mayor (R) Alberto Balquinta ya había quedado detenido mientras se celebraba el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, cuyos responsables fueron condenados en Tandil por el mismo tribunal que juzgará a los involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos en Olavarría.

Además del ex policía Carlos Bruno, trascendió que también quedaron detenidos ex militares como Alberto Padilla o Carlos Muñoz. Muchos no residen en Olavarría, por lo que su detención fue imposible de confirmar, aunque todo indica que así fue en la mayoría de los casos.

Todos fueron convocados a prestar declaración indagatoria y tras cumplir con ese trámite se ordenó su detención domiciliaria. La decisión de que cada uno de ellos quedara confinado en su domicilio fue del juez federal de Azul, Martín Bava, medida que fue apelada por la Fiscalía, que considera que debieran ser alojados en una cárcel.

El estricto hermetismo con el que se lleva adelante la instrucción de la causa impidió conocer el contenido de las declaraciones.

Dos de los implicados huyeron antes de prestar declaración, indudablemente ante la certeza de que iban a quedar detenidos. Ellos son el suboficial mayor retirado Angel Raúl Córdoba, de 59 años, y Julio César Tula, de 63 años, quien fue Jefe de Personal del Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 2 "Lanceros General Paz".

El Ministerio de Justicia de la Nación le puso un precio de cien mil pesos a la cabeza de cada uno de ellos, los que hasta la fecha permanecen prófugos.

Córdoba vivía y trabajaba en Olavarría y algunos hombres que aparentemente lo conocían realizaron una visita a Monte Peloni por los días en que debía presentarse a prestar declaración, lo que encendió luces rojas de alarma en los organismos de derechos humanos.

Esa visita y otros elementos determinaron en su momento que la Provincia incluyera en el Programa de Protección de Testigos al menos a una persona, ante la presunción de que hubiera quienes intentaran intimidar a aquellos cuyo testimonio puede ser clave en las audiencias de debate.

Hasta el momento nada ha trascendido sobre posibles implicados civiles, aunque se sabe que las investigaciones también giraron en torno de las complicidades de personas que no vestían uniforme. Cabe recordar que un antiguo testimonio prestado por un ex policía en los albores de la democracia habló de cadáveres cremados o dinamitados en una cantera y de otros arrojados a la cava explotada por una empresa, presumiblemente ya agotada y llena de agua desde muchos años atrás.

Además están los empresarios o empleados de empresarios sospechosos de haber entregado a los represores a los trabajadores "díscolos" o involucrados en actividades sindicales. Por ejemplo, apenas ocurrido el golpe militar la totalidad de la comisión interna de una fábrica local fue despedida y sus miembros fueron inmediatamente encarcelados y trasladados a la cárcel de Azul.

En el próximo otoño puede haber revelaciones impactantes sobre el tema.