Desde El Centro de Estudios de la Concejalía Popular, perteneciente al Social Metropolitano remarcaron que las condiciones que afrontan los comerciantes impiden el desarrollo de la actividad normalmente. Los valores de los alquileres en las superficies comerciales aumentaron más de un 40% en el último año y siguen en alza. En el caso de los pequeños comerciantes, quienes afrontan un grado de vulnerabilidad enorme, la expulsión de dichos emprendimientos de la zona central es constante ya que ante los enormes gastos que cuesta sostener un negocio en el microcentro rosarino, muchos deciden bajar las persianas o mudarse a la periferia de la ciudad. Igualmente, en los barrios de la ciudad y sobre sus avenidas, la realidad no es muy diferente ya que ante este corrimiento de comercios del centro a esas zonas, los alquileres comerciales en esos sectores de la ciudad se han incrementado notablemente. “Esta realidad golpea duramente a los comerciantes de nuestras ciudades, ya que los valores de los alquileres se traslada directamente a los costos de la actividad comercial, lo que genera un incremento de los productos o en la imposibilidad de mantener las persianas abiertas” expresó Nire Roldán, Presidente de la Concejalía Popular y Pre Candidato a Diputado Provincial

El Resonante caso del Restaurante Sara de O

En octubre del año pasado tuvo que bajar las persianas de su local por que el propietario decidió en la renovación del contrato cobrarle 36 mil pesos mensuales de alquiler cuando en el contrato anterior el arreglo había sido en un principio por 9mil y los años siguientes por 14mil.

 "Deberíamos recolectar 1.500 pesos diarios para el alquiler solamente, sin contar personal, ni cargas sociales, ni servicios, ni materia prima. ¿Qué restaurante puede hacer eso en Rosario?”. Cuando  Susana Santiago se hizo cargo, la casa estaba en ruinas y para poner a funcionar el emprendimiento invirtió junto a sus socios 150 mil dólares de los que el propietario solo les reconoció 6 meses de alquiler a modo de gracia. Hoy la casona ha ganado un valor agregado. “Sacamos diez contenedores de basura cuando entramos a la casa”, manifiesta Santiago y agrega:” Cuando quisimos renovar el contrato nos prohibían organizar fiestas en la parte de atrás lo que era significativo para nosotros, eso nos impedía generar recursos para mantener el emprendimiento”, sintetizó.

La Creación de la Federación Argentina de Inquilinos

Contratos que aumentan cada seis meses, la exigencia de una e incluso dos garantías y que la comisión la pague el inquilino en vez del propietario, como establece la ley, son algunos de los abusos que ampara un supuesto "acuerdo entre partes".

"La vivienda es un derecho humano fundamental que sigue estando en manos del mercado inmobiliario, donde los sectores más concentrados impusieron una lógica rentista de la tierra y la vivienda con el solo fin de generar ganancias extraordinarias", señala el documento fundacional del Frente de Inquilinos Nacionales (FIN).

Según el texto, "las consecuencias son conocidas: expulsión de amplios sectores populares de los centros urbanos, miles de viviendas ociosas, aumentos constantes de los precios afectando la economía familiar".

"La lógica de acceso (a la vivienda) vulnera derechos básicos de las personas garantizados por nuestra Constitución Nacional en el articulo 14 bis y los pactos internacionales", denuncia el documento que leyeron las organizaciones que hasta ahora trabajaron en forma desarticulada, según sus propios referentes.

Un alquiler justo, según explicitó el FIN, es "aquel que defiende a ambas partes: al propietario de buena fe y al inquilino, y que garantice el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

La migración provocada por la explosión petrolera del Yacimiento Vaca Muerta en Neuquén o el creciente flujo turístico hacia Bariloche, Río Negro, generan una demanda que termina expulsando a los hijos de los pobladores del lugar.

"Miles de trabajadores pagan el 50 por ciento de sus salarios en alquiler", afirmó Nire Roldán, de la Concejalía Popular de Rosario, en alusión a una dificultad que consideró "central" en esa ciudad.

Además de las problemáticas regionales, los integrantes del FIN plantearon "generar sistemas de garantías accesibles para los inquilinos" y eliminar el sistema actual que se ampara en que es "un uso y costumbre"; mientras que no existe como requisito en el marco de la ley vigente.

"Nosotros reivindicamos a la vivienda desde su función social. No solo como un techo, sino como un espacio donde la familia se consolida para vivir dignamente, un espacio adecuado y saludable, con el pleno acceso a los servicios públicos y en este sentido es claro que en la actualidad estamos muy lejos de garantizarlo", sostiene el documento.

Según las organizaciones que fueron creando oficinas locales para ayudar a los inquilinos en la defensa de los derechos a la hora de formar un contrato, "el Estado debe estar presente en la economía, garantizando derechos; es hora que lo haga en el mercado inmobiliario con la misma función".

El documento fue firmado por las organizaciones de inquilinos de Tierra del Fuego, Neuquén, Rio Negro, La Plata, Córdoba; ciudad de Buenos Aires y Rosario, y es el resultado de un plenario que reunió a los representantes de las uniones de inquilinos de esas provincias.

Además, recibió la adhesión de legisladores porteños como Jorge Taiana, y de los parlamentarios porteños presentes en el lanzamiento del FIN: María Rachid, Aníbal Ibarra y Fernando Muñoz.

Adhirieron la senadora bonaernese Mónica Macha (Nuevo Encuentro), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y entidades que se ocupan de personas en situación de calle como Proyecto Siete; cooperativas de vivienda; la Alianza Internacional de Habitantes y el gremio ATE, entre otras asociaciones civiles.