El juecismo fracasó ayer en el intento de promover juicio político contra los cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que firmaron, el martes pasado, la acordada que declaró asueto por 72 horas en el ámbito de Tribunales I. No sólo fueron previsiblemente insuficientes sus votos para que la Cámara apruebe el proyecto de resolución, ya que Unión por Córdoba se oponía, sino que todos los demás bloques de la oposición declinaron acompañar lo que consideraron una puesta en escena del juecismo.

Los legisladores del Frente Cívico y Social llegaron con este proyecto al recinto empujados por Luis Juez, y quedó la sensación de que no tenían demasiada pasión en promover la destitución de la presidenta del TSJ, Mercedes Blanc de Arabel, y de los vocales María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y Armando Andruet. Una prueba de ello es que designaron a la normalmente intrascendente Sara Díaz para que lea los fundamentos que, sin dudas, otro escribió.

El proyecto juecista pedía el juicio político por las causales de “mal desempeño y grave negligencia”. La militante de la Once leyó que el TSJ demostró “falta de idoneidad e impericia para gestionar y tomar decisiones”. También, que la acordada que fue tan cuestionada “es un acto bochornoso, impropio de los más altos magistrados de la provincia y mejores pagos de Córdoba, quienes parecen estar excluidos de las contingencias climáticas severas que todos los ciudadanos debemos soportar”.

Brügge resultó impiadoso con Díaz y su proyecto adoptivo. Le señaló que “negligencia grave” es una causal de Jury para los magistrados inferiores, pero no de juicio político para los miembros del TSJ. Además, explicó que el “mal de-

sempeño”, según constitucionalistas reconocidos, se configura con un conjunto de decisiones, y no por una sola. Asimismo, recordó que ningún ciudadano presentó un recurso judicial o administrativo en contra de la acordada, por lo que nadie ha expresado que sus derechos constitucionales resultaron afectados.

Proponen declaración

Parecido se expresaron legisladores de otros bloques. La mayoría de ellos, incluso, propuso adherir a la iniciativa del radical Miguel Nicolás, para quien debía aprobarse una declaración manifestando la preocupación de la Cámara.

Al proyecto juecista de pedido de juicio político lo rechazaron todos los bloques.

Unión Cívica Radical, Concertación Plural, Unión Vecinal Federal, Coalición Cívica, PRO y Vecinalismo Independiente sólo estaban de acuerdo con una declaratoria crítica, y Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, Movimiento Patriótico y Movimiento de Acción Vecinal votaron el rechazo liso y llano.

Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, dijo en cambio que había razones mucho peores en contra del TSJ y que la maniobra del juecismo era electoralista.