Agencia Santa Rosa – El periodista y escritor Norberto Asquini donó a la Universidad Nacional de La Pampa un archivo informático en el que constan, entre otros datos, la identidad y referencia documental, de los 830 residentes pampeanos que fueron detenidos por causas políticas y gremiales entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983.
Alfonso abrió la presentación resaltando que si bien Asquini no es graduado de la UNLPam, integra el Instituto Socio Histórico de la universidad pampeana y fue quien donó el material “histórico” para la casa de estudios: documentación sobre todas las personas que fueron afectadas por golpes militares desde el año 1955 a 1983 en la provincia.
La donación fue aprobada por el Consejo Superior mediante una resolución que habilitó también la publicación del listado en la web de la UNLPam.
De uso masivo
Por su parte, Torroba agradeció la donación que es fruto de una investigación de muchos años. “Decidimos darla a conocer mediante un banner a toda la población, para que todos los interesados en consultar el listado puedan hacerlo fácilmente desde la web. Esperamos que ese material sea de uso masivo de la población”.
El abogado Catalani acotó sobre la donación que “tiene un valor reivindicatorio de hacer presentes en el espacio institucional de la UNLPam, las víctimas de los distintos golpes de Estado que se han producido en nuestro país del 55 al 83 donde además hay una referencia documental. Tiene además valor histórico y reparatorio en el sentido de que la referencia documental hace posible que las propias víctimas o sus familiares puedan iniciar o llevar adelante los reclamos previstos por la ley. No es un listado cerrado definitivamente, sino que puede seguir siendo completado con datos y personas que no estén”.
Por último, Goldberg finalizó graficando el impacto que tuvo la última dictadura en la casa de estudios pampeana. “La UNLPam si bien no era relevante en el contexto nacional de ese entonces y no hubo que lamentar desaparecidos como otras universidades, la represión fue muy importante. Hubo cesanteados, presos varios años y hubo un acto de barbarie medieval que fue la quema de archivos y lo elaborado por el Instituto de Estudios Regionales”, contó el docente.
El listado lo integran 290 detenidos desde 1975 a 1983, integrantes de toda la comunidad universitaria pampeana.
Presentación del PAIDH
Por otro lado, los conferenciantes recordaron la realización de la “Jornada de la Memoria y presentación del PAIDH”, en un acto que se efectuará el próximo 22 a las 19 horas en el Salón Leopoldo Rómulo Casal del Consejo Superior de la UNLPam.
El PAIDH (Programa Académico Institucional de Derechos Humanos) -como explicó el coordinador del mismo, Franco Catalani- hace un año que trabaja en el ámbito de la universidad y será oficializado el próximo 22, además de realizarse un acto para rememorar los acontecimientos sufridos por la casa de estudios, en el marco del 37 aniversario del 24 de marzo de 1976.
En esa jornada disertarán la profesora Ana María Lasalle sobre “Profesores de la UNLPam prescindidos por el proceso”; Hugo Chumbita, exdirector del Instituto de Estudios Regionales lo hará sobre su experiencia al frente de esa entidad y el periodista e investigador Norberto Asquini acerca de “Universidad: la cara civil del golpe”.
UNLPam querellante
La semana pasada el abogado Franco Catalani también formalizó la presentación ante la Justicia Federal de la UNLPam como querellante en la causa Subzona 14 II, con la representación de 52 casos de miembros de la comunidad universitaria que fueron atormentados, perseguidos y detenidos por el grupo de tareas Subzona 14 II.
El letrado reseñó que durante la etapa de investigación en la Justicia Federal local se indagaron 320 casos y se profundizó en el esclarecimiento de 210, se dictaron procesamientos a los responsables, que luego fueron apelados por las partes ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y que el próximo jueves 21 se realizará una audiencia para exponer los fundamentos orales de esa apelación.
Después de resueltas las apelaciones, la causa volverá a Santa Rosa y el juez Pedro Zabala seguirá investigando los casos que no dio por probados, además de la elevación a juicio que -es poco probable, según estimó Catalani- podría producirse en el resto del año.
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