Las dependencias de la Universidad Nacional de San Juan que fueron liberadas para su uso, no están aún habilitadas totalmente, ya que sólo tienen permiso para funcionar una vez que se eliminan los riesgos de choque eléctrico y para ser habilitadas aún falta un largo proceso municipal y ante la Dirección de Planeamiento.

Así lo informó ayer el juez de Faltas de la provincia, Enrique Mattar, quien aclaró, a pedido de Diario El Zonda, los términos en que cerca del 80 por ciento de las dependencias universitarias volvieron a la actividad después de la suspensión dispuesta por el rector Benjamín Kuchen para evitar la clausura de las unidades académicas y demás dependencias.

El proceso determina que "hay una gradualidad" y que salvado el riesgo eléctrico, que es lo que mató al estudiante Fernando Reynoso, y que tiene preocupados a empleados, alumnos y padres de alumnos de la Universidad, esta casa de estudios "debe presentar un Plan de Obras y planos en cada una de las municipalidades donde se encuentra cada edificio", y recién después de haber terminado las obras y los municipios otorguen habilitaciones, habrá un alta definitiva.

La habilitación, no sólo importa la cuestión eléctrica, sino que exige la adecuación de las estructuras, ventanas, instalaciones eléctricas, de gas y agua, el buen funcionamiento de los sanitarios, la existencia de disyuntores y matafuegos y cartelería de emergencia y una serie de elementos contemplados en la legislación de seguridad laboral y de protección del alumnado.

"No es una tarea fácil ni rápida. Esto va a demorar mucho tiempo", dijo el juez que tomó la decisión de intervenir para preservar la seguridad de alumnos, docentes y trabajadores de la Universidad.

Hay que inspeccionar y poner en regla nada menos que 109.200 metros cuadrados de superficie construida en diversos predios universitarios, lo que hace que la tarea de "cerca de 50 personas" sea muy ardua. En la labor se desempeñan idóneos de la UNSJ, efectivos del Departamento Bomberos de la Policía y el perito ingeniero Fernando Gabriel Villarreal, pedido por la familia de Fernando Reynoso y que trabaja ad honorem para garantizar seguridad a quienes a diario ocupan las instalaciones.

Lo que se está haciendo es que una vez que la comisión especial hace la primera inspección y determina las falencias, la Universidad hace las adecuaciones señaladas y cuando los trabajos están terminados se vuelve a inspeccionar.

Si todo queda de conformidad de Bomberos y del perito judicial, se labra un acta a la que el juez Mattar presta su consentimiento y el Rectorado procede a liberar cada sector para su uso. Igualmente en las distintas unidades académicas hasta ahora liberadas, "hay muchos sectores que aún no se pueden usar y otros que funcionan pero con la energía eléctrica cortada y donde sólo pueden trabajar de día", apuntó el juez.

Mattar también aclaró que "en cada acta que se firma, queda aclarado que se permite el uso, sin perjuicio de la continuación de la causa y que todo depende de que la Universidad cumpla con un Plan de Obras y gestione las habilitaciones municipales".

Con el método elegido "para no perjudicar a nadie, para que se pueda seguir desarrollando la actividad y especialmente para que los alumnos puedan seguir con sus carreras", se liberan para su utilización edificios al final de la mañana y por la tarde y en la medida de que los trabajos de reparaciones "que son complejos y caros", se vayan completando.

Así, ayer se liberaron para el uso dependencias del Instituto de Mecánica Aplicada, el Departamento de Química y el de Investigaciones Hidráulicas en Ingeniería y el sector de Atención de Socios del Complejo El Palomar.

También se permitió trabajar en varios sectores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería, el edificio de Ingeniería Agronómica del INTA de Pocito y la Residencia Universitaria.

Finalmente, en el edificio de la Escuela Industrial no funcionan los talleres y en la Escuela de Comercio, están sin funcionar las salas de Informática.