La labor del Defensor del Pueblo de Jujuy fue ponderada por la Universidad de Alcalá de Henares, de España. El reconocimiento fue formulado a través de Guillermo Escobar, director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica -Pradpi- de la casa de altos estudios.

Al expresar sus felicitaciones y reconocimiento al trabajo realizado por el defensor Victor Galarza y su equipo, informó sobre la selección de las propuestas elaboradas oportunamente por el organismo jujeño, relacionadas con buenas prácticas.

El Pradpi es un proyecto de la Universidad de Alcalá, ejecutado por su Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (Cicode), que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se realiza en el marco de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). Su objetivo general es el fortalecimiento de la institución de Defensores del Pueblo en toda Iberoamérica.

El director del Pradpi había invitado a Galarza a elaborar un informe y propuesta para ser analizada y de corresponder, seleccionada como material informativo y de exposición de talleres y seminarios, sobre temas que puedan ser considerados como buenas prácticas de las Defensorías del Pueblo. La línea de trabajo de la presentación consistía en tres objetivos relacionados con la participación ciudadana, acceso a los servicios públicos y protección de derechos sociales a nivel local y derecho a la ciudad.

Posteriormente, el material remitido por el defensor jujeño, consistente en Derechos sociales y servicios públicos, fue analizado y estudiado por el titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo de España, Miguel Angel Presno Linera, encargado de la lectura y elección de los trabajos presentados. El catedrático seleccionó el trabajo de Galarza y adhirió a las felicitaciones del titular del Pradpi, comunicando al ombudsman provincial que su aporte, como otros, fue seleccionado sobre numerosos informes de defensa de los derechos humanos, presentados por instituciones de diferentes países de Iberoamérica.

El tema elegido por el Defensor del Pueblo de Jujuy se refirió a Buenas Prácticas en materia de acceso a servicios públicos y protección de derechos sociales a nivel local.

El informe sostiene que los derechos sociales son aquellos que garantizan universalmente a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo, como también el acceso a los medios necesarios para tener condiciones de vida digna y no como mera caridad política asistencial.

Los derechos sociales son la consecuencia de una nueva forma de concebir la asociación comunitaria. Constituyen una manera más amplia y completa de concebir la ciudadanía, por ser la misma una pertenencia de la comunidad política. El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos, refiere.

Sobre los servicios públicos, el Defensor indicó que la noción de ellos efectivamente pasa por una relación con el derecho, y en este caso con los derechos humanos. Estos son comúnmente servicios públicos básicos entre los que estarían la prestación de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas natural, telefonía, etcétera, cuya potestad es ejercida por el Estado, como también los servicios públicos fundamentales como la educación, salud, seguridad, como medios para satisfacer las condiciones mínimas de vida adecuada para el desarrollo de la dignidad de toda persona. En definitiva son garantías reales de igualdad y libertad.

La ausencia de servicios públicos básicos en un Estado o en parte de el, como la prestación de servicios antes mencionados, constituyen un imperativo esencial para las políticas públicas de cualquier país, y también por las necesidades básicas de supervivencia de todo ser humano.

Entonces, enfatizó que reconocer el derecho de acceso a los servicios públicos implica imponer a los Estados, la obligación de planificar políticas en esta materia, otorgando a su vez participación a los usuarios a través de las audiencias públicas.

Por ello, consideró necesario la construcción de nuevos escenarios de participación ciudadana, fortaleciendo una democracia deliberativa, donde la participación de los ciudadanos sea entendida como un derecho y no una concesión de la autoridad, en este sentido. Agregó que la Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad social frente a los Estados que adopten y convivan con políticas que fragmentan a la sociedad.

En ese marco, puso de relieve la necesidad de que esos estados garanticen las inversiones en servicios públicos y contribuyan al ejercicio pleno de los derechos sociales a través de medidas necesarias y transparentes para asegurar que las empresas actúen dentro del marco de las normas de los Derechos Humanos.

Al concluir el informe, Víctor Galarza afirmó que el derecho de acceso a los servicios públicos es un Derecho Humano.