La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la casa de altos estudios local contra la ley de ordenamiento territorial aprobada por la Legislatura de la provincia de Córdoba en la madrugada del 5 de agosto pasado. Así lo hizo conocer la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de esa casa de estudios.­

Una vez aprobada la ley en la Unicameral, el Consejo Superior de la Universidad tomó la decisión de recurrir a la Corte considerando que está en juego la presunta violación a una norma, puesto que a la Provincia de Córdoba le está vedado apartarse del núcleo mínimo de protección que contempla la ley nacional.

Según los especialistas en medioambiente de la casa de altos estudios y de muchas organizaciones provinciales, hay importantes contradicciones entre la normativa cordobesa y la nacional. La mayoría de los cuestionamientos surgieron de los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn) conformada por ambientalistas, representantes del campo y funcionarios con la finalidad de elaborar un proyecto de ley que luego sea elevado a la Legislatura para su aprobación. Funcionó en el seno de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Córdoba tenía la necesidad de contar con una norma de ese tipo después de que la Nación sancionara la suya.

Lo cierto es que la Cotbn trabajó durante dos años, pero los ambientalistas denunciaron que finalmente la noche del 4 de agosto pasado ingresó un proyecto que cambió las bases fundamentales de lo establecido en la comisión. Y aseguraron que la iniciativa presentada en el recinto respondía exclusivamente a los intereses de la agroindustria y de las entidades del campo.

Las actuaciones se iniciaron en agosto del año pasado, cuando la ingeniera forestal Natalia De Luca, investigadora de la Universidad e integrante de la Cotbn fue al Consejo Superior para manifestar la preocupación de un amplio sector de la comunidad con relación al manejo que se le había dado a la ley provincial. En ese momento la especialista solicitó el apoyo para analizar y revisar el contenido de la norma.

La presentación

Con posterioridad, el cuerpo colegiado universitario resolvió “evaluar la promoción de acciones judiciales tendientes a obtener, por parte de la autoridad judicial que corresponda, la declaración de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley provincial Nº 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, para lo cual le encomendó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que precisara la eventual acción a deducir y facultó a esa repartición, dependiente del Rectorado, para que trabaje en conjunto con la Cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Humanas para “precisar debidamente los alcances de la acción judicial”.

Con este paso que ahora dio la presentación resta esperar un dictamen de la Procuración General de la Nación -que podría demorar unos 10 días hábiles una vez que la Universidad envíe un nuevo oficio- que no será vinculante para la Corte, pero sí importante para anticipar si finalmente se le dará curso a la presentación y el máximo Tribunal decide abrir el proceso. En definitiva, con el dictamen en la mano, los ministros deberán decidir si se da lugar a la acción o se rechaza. En el primer caso se correrá vista a la Provincia.

La cuestionada norma aprobada en la Legislatura

- Después de dos años de trabajo en comisión e innumerables demoras, el 4 de agosto ingresa a la sesión de la Unicameral un proyecto de ley de bosques que se termina aprobando en la madrugada del 5.

- Las entidades ambientalistas criticaron con dureza el articulado que finalmente se sancionó por no respetar lo acordado en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.

-Acusaron a los legisladores de ceder ante los intereses de la agroindustria y hablaron de “la ley Cartez”.

- Las entidades ruralistas destacaron que las pretensiones de los ambientalistas eran extremas e inviables. Y dijeron que la norma aprobada es equilibrada.

- El oficialismo destacó que se sancionó con el apoyo de legisladores de todas las bancadas.

-Las universidades nacionales decidieron analizar la posibilidad de impugnar la ley. La de Río Cuarto finalmente fue la única que resolvió presentarle a la Corte una acción declarativa de inconstitucionalidad.

-Cuando se conoció la reglamentación de la norma, también las entidades del campo se quejaron por el resultado final.

Lo que dijo el oficialismo en la Legislatura

El ti­tu­lar del blo­que ofi­cia­lis­ta en la Unicameral, Daniel Passerini, fue el encargado de cruzar las denuncias contra la normativa provincial aprobada a comienzos de agosto. En ese momento el legislador de Unión por Córdoba aseguró que “fue una ley que se de­ba­tió du­ran­te mu­chí­si­mo tiem­po, don­de par­ti­mos de dos po­si­cio­nes muy an­ta­gó­ni­cas co­mo la de la Cotbn y la de Car­tez y en­tien­do que nin­gu­na de las dos bus­ca­ba una so­lu­ción de fon­do al pro­ble­ma por­que plan­tea­ban as­pec­tos in­com­pa­ti­bles en­tre sí.

Tra­ta­mos de bus­car el con­sen­so y en­tien­do que la ley tie­ne le­ga­li­dad por­que res­pe­ta los pre­su­pues­tos mí­ni­mos de la ley na­cio­nal y tie­ne le­gi­ti­mi­dad de ori­gen por­que fue apro­ba­da por más de dos ter­cios de los le­gis­la­do­res”. Pas­se­ri­ni des­ta­có ade­más que el acom­pa­ña­mien­to a la nor­ma­ti­va se dio por to­dos los le­gis­la­do­res pro­vin­cia­les “del Nor­te y el Oes­te cor­do­bés que son de dis­tin­tos par­ti­dos, tan­to del jue­cis­mo, pe­ro­nis­mo y ra­di­ca­lis­mo. Y de los 10 le­gis­la­do­res que in­te­gran la co­mi­sión de asun­tos am­bien­ta­les, 9 acom­pa­ña­ron el des­pa­cho”, di­jo el jus­ti­cia­lis­ta.