En el marco del debate en la Cámara baja del proyecto de ley de pago de deuda soberana, el diputado nacional, Martín Lousteau (Suma+ UNEN), fundamentó su rechazo a la iniciativa a la que calificó como "una ley innecesaria" porque "no resuelve el problema" y "corremos severo riesgo de agravarlo".

"No hay nada en el contenido de este proyecto que requiera la sanción de una nueva  ley. De hecho, todo lo que se pretende sancionar ya se encuentra previsto en los antecedentes normativos que se citan en el propio proyecto. Es innecesario", señaló el legislador.

"No resuelve el problema para que los tenedores de deuda reestructurada puedan cobrar sino que permite que el funcionario pueda pagar", añadió el referente de UNEN.

"Quisiera saber si la remoción del BONY no agrava la situación porque de ser así corremos el riesgo de detonar una cesación de pagos por una decisión de este congreso", preguntó el diputado. 

"Nación Fideicomisos no cumple con los requisitos establecidos en el contrato para ser agente fiduciario porque se necesita tener un patrimonio de U$S 50 millones cuando en realidad cuenta con U$S 14 millones y ni posee oficinas en el condado de Manhattan", finalizó Lousteau.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Tonelli defendió la postura del bloque Unión PRO al afirmar que "el proyecto en análisis no es correcto desde el punto de vista de la actuación internacional de nuestro país, y carece de utilidad práctica".

"Todas las decisiones judiciales fueron adversas a nuestros intereses y dado que la sentencia que ordena el pago ha quedado firme y ya no es susceptible de recurso o cuestionamiento alguno. Lo que debe hacer la Argentina es acatar y cumplir la sentencia, para lo que debe entablar una dura negociación a los efectos de que la forma de cumplimiento minimice el impacto negativo en las finanzas públicas", sostuvo. 

Y añadió: "Más allá de la opinión que podamos tener acerca de la decisión y su mérito, que es claramente negativa, el país se sometió voluntaria y libremente a una determinada legislación y a una también determinada jurisdicción y ahora no tiene más alternativas que acatar y cumplir la decisión en la mejor manera posible para los intereses nacionales".

Asimismo sostuvo: "Lo contrario implica colocarnos en una situación de incumplimiento y aislamiento que nos alejaría de la posibilidad de financiar nuestro desarrollo, nuestra industria y nuestro comercio, dañando nuestra participación en los organismos multilaterales. Lo que es peor, esa situación sometería a la Argentina a un enorme riesgo judicial, ante potenciales demandas de los tenedores de deuda reestructurada y bloqueos de movimientos financieros fuera del país".

Finalmente, recomendó la aprobación de una resolución por parte de la Cámara que sostiene que el fallo emitido por la Justicia federal de los EE.UU. coloca a la Argentina en una situación injusta -ya que afecta su desenvolvimiento financiero, económico, social y político-, pero que el Estado argentino acata la decisión.  Por ello, en la misma resolución, se insta al Ejecutivo nacional a cumplir con la sentencia, en el marco de la Constitución y las leyes argentinas, y procurando que la solución sea económica y financieramente sustentable en el largo plazo y evitando riesgos jurídicos respecto de la deuda reestructurada.