La causa se originó hace más de dos años, con una denuncia de la entonces legisladora porteña Liliana Parada (Proyecto Sur). Hoy ya es un voluminoso expediente de quince cuerpos sobre la UCEP (Unidad de Control de Espacio Público), la fuerza de choque a la que se responsabiliza por diecinueve hechos delictivos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009.

En el marco de esta investigación, el juez Facundo Cubas, titular del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, citó a declaración indagatoria para el 10 de diciembre al jefe de Gobierno porteño. En la misma causa, también fue citado a indagatoria el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo, junto a 27 ex agentes de ese cuerpo, según informa el Centro de Información Judicial. Fuentes oficiales indicaron que es probable que Macri solicite una prórroga para dar su declaración.

“Macri puede quedar procesado”, señaló la legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriela Alegre (Frente para la Victoria) y aclaró: “No por los delitos de lesiones o amenazas, sino por su responsabilidad como funcionario público al haber firmado el decreto que dio origen a esta patota”.

La UCEP fue creada por el decreto 1232/08 (publicado en el Boletín Oficial del 29 de octubre de 2008) como una unidad fuera de nivel dentro de la órbita del ministerio de Espacio Público y dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público. En el presupuesto 2009, el Ejecutivo le había asignado partida para 800 operativos.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo y del CELS, que fue adjuntado a la causa: este decreto se valía de términos vagos para describir las funciones de la UCEP como “colaborar operativamente”, “mantener el espacio público libre de usurpadores” o llevar adelante la “persuasión”.

Por otro lado, el decreto le permitía a la “unidad de control” intervenir contra vendedores ilegales y usurpadores, identificando así a personas que aún no han sido encontradas culpables de una contravención o delito.

El mismo informe precisa que se detectó que para realizar sus operativos, la UCEP contaba con información recabada del BAP (el programa Buenos Aires Presente),

Un hecho que “reviste gravedad institucional en tanto información destinada a contener y asistir socialmente a la población en situación de vulnerabilidad era dirigida a acciones discriminatorias”.

Las primeras declaraciones

En la causa, caratulada “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”, en la que se investigan los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya declararon los ex funcionarios Fabián Jorge Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Matías Lanusse (dos ex directores de UCEP).

Rodríguez Simón fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público –un cargo al que renunció dos veces- y si bien se atribuye la creación de la UCEP, asegura que no hizo más que blanquear a personal que ya ocupaba esa función desde el gobierno de Aníbal Ibarra.

Su nombre se hizo público cuando lideró el primer operativo de desalojo del gobierno de Macri en las Barrancas de Belgrano contra un grupo de cartoneros, el 22 de febrero de 2008.

Polini había sido originalmente director de Compras y Contrataciones, en el Ministerio de Hacienda, pero fue desplazado de ese cargo y desembarcó en Ambiente y Espacio Público como responsable de Compras en la Dirección de Reciclado. Allí, fue acusado de irregularidades en su gestión. Luego se desempeñó como jefe de Gabinete.

La UCEP aplicaba métodos violentos a fin de que las personas no regresaran al lugar del que fueron desalojadas. Los procedimientos se caracterizaron por su clandestinidad al realizarse en horario nocturno sin presencia de testigos, sin actas, ni garantías del debido proceso.

Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, “la ausencia de información tiene directa relación con la arbitrariedad y clandestinidad con la que actúan sus miembros”.