La necesidad de formular estándares de gestión judicial surgió de las conclusiones de la Segunda Conferencia Nacional de Jueces celebrada en Salta, en 2007. Cuatro años después, ese diagnóstico recibirá un impulso significativo a partir de las reuniones de técnicos y magistrados, y la disertación de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actividades previstas para hoy en los Tribunales tucumanos.

Un proyecto de norma de gestión de calidad elaborado a instancias del órgano anfitrión, la Corte local, será debatido en las diferentes instancias de la jornada (además, tendrá lugar la asamblea anual ordinaria de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Jufejus-). En términos generales, el documento traza las líneas básicas de un sistema de administración de Justicia que llene las expectativas del ciudadano o la persona jurídica que acude a él.

La propuesta -disponible en el portal oficial www.justucuman.gov.ar- participa del proceso de cambio institucional que propiciaron las experiencias aisladas de certificación con las Normas ISO y la decisión de la Corte (promovida por la vocal Claudia Sbdar y formalizada mediante la acordada 1.116/2010) de crear una Oficina de Gestión Judicial -OGJ- coordinada por los funcionarios Mariana Dato y Marcelo Zelarayán. Con el respaldo explícito de Lorenzetti, esa iniciativa inspirada en la realidad y los déficits de las unidades jurisdiccionales provinciales buscará transformarse en un emprendimiento de alcance nacional.

"Aunque es poco probable que los Superiores Tribunales del país adopten de inmediato el proyecto, esta será una oportunidad de gran valor para armonizar diferentes criterios sobre cómo mejorar la gestión y establecer los primeros consensos", explicó a LA GACETA una fuente próxima a la organización de la cumbre de hoy. La cuestión tiene un desarrollo dispar en el país: mientras algunas jurisdicciones -como Mendoza y Santa Fe- han hecho avances significativos, otras recién están investigando las implicancias de este tema. Es, en definitiva, un momento oportuno para aspirar a una plataforma histórica de estándares mínimos de gestión compartidos por todos los poderes judiciales. "Sería como tener una norma ISO específica para la Justicia", postula con entusiasmo una experta tucumana.

Satisfacción crítica

El proyecto asume como fundamento la prestación eficiente del servicio de Justicia en términos de tiempo y calidad. Y declara "buenas prácticas de gestión" al acceso a los Tribunales de los sectores vulnerables, y a la consideración de las perspectivas ambiental y de género en el contexto judicial. Asimismo, estructura el sistema en tres fases: rediseño (equivalente a la revisión de funciones, tareas y procedimientos, y al establecimiento de pautas de medición); acreditación (verificación del cumplimiento de los requisitos enunciados en la norma de gestión a cargo de un órgano especializado y creado con ese fin -especie de "Coneau judicial"-) y replicabilidad (transferencia de conocimientos adquiridos de una unidad acreditada a otra).

El documento pone en cabeza del titular de, por ejemplo, un juzgado la responsabilidad de designar una comisión de calidad que lidere la puesta en marcha del sistema de gestión -ese acto es el puntapié inicial de la fase de rediseño-. Apoyada por una dependencia interna (en el caso de Tucumán, ese papel correspondería a la OGJ), la comisión mencionada tendrá que definir una política de calidad, fijar objetivos (susceptibles de medición), y describir roles y funciones que garanticen la comunicación dentro y fuera de la unidad judicial.

El programa abarca el análisis de los recursos humanos y materiales disponibles en el hipotético juzgado. En ese aspecto, el borrador promueve la administración racional, la identificación de las competencias y la producción de estrategias que mejoren el clima laboral. Según el proyecto, la comisión debe asegurar la atención idónea a las partes y letrados. En este acápite, además, la propuesta pone énfasis en el uso de medios informáticos y el progresivo avance hacia el anhelado expediente digital.

El esquema hace hincapié en el estudio y la evaluación de los tiempos de ejecución del trabajo tabulados de acuerdo con la normativa vigente. En ese ámbito decisivo (tal vez la principal queja de la sociedad respecto de la Justicia), la comisión de calidad debe prever planes de contingencia para los casos de incumplimiento de los plazos, que identifiquen las causas que originan el retraso y que arbitren medidas para reducir su impacto.

La medición estadística intensiva, en tanto, asegura el perfeccionamiento continuo de la gestión. La cuantificación de los resultados procede a partir de indicadores -implementados por la comisión- que faciliten auditorías y la aplicación de medidas correctivas, y tomen en cuenta los reclamos y disconformidades de los destinatarios del servicio. En otras palabras, en la proposición que Tucumán pondrá a consideración de todo el país, la satisfacción de las partes que acuden a los Tribunales incide directa y críticamente en la evaluación de la gestión.