Tucumán

El Gobierno provincial apelará el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordena una nueva integración de la Junta Electoral Provincial (JEP) y que declara nula la disposición constitucional según la cual no puede exigirse a un funcionario que es candidato a tomar licencia previa a los comicios. El fiscal de Estado, Pedro Giudice, adelantó a LA GACETA que la semana que viene interpondrá un recurso de casación ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (dictó la sentencia), para habilitar la instancia de apelación ante la Corte local. "Agotaremos las instancias", precisó.

La declaración de nulidad e inconstitucionalidad emitida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo para la integración de la Junta Electoral prevista en el inciso 14 del artículo 43 de la Constitución de la provincia reformada en 2006, dio lugar a variados pronunciamientos, como el puesto de manifiesto por el presidente del Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) Alejandro Sangenis, quien fue impulsor de la denuncia respectiva.

El Ministerio de Salud provincial hizo público el cuadro de las remuneraciones propuestas a los cuatro sindicatos con los que se encuentra conversando la recomposición salarial. Se advirtió desde la cartera de salud que la intención es clarificar en pesos cual es la propuesta por categoría y antigüedad de los agentes sanitarios.

Las consecuencias de las retenciones a las exportaciones trascienden los números fiscales. Como todo impuesto, tiene efectos en la asignación de recursos y en los incentivos económicos aparejados, relacionados con decisiones de inversión, ahorro, consumo y otras variables económicas. "Por su naturaleza, las retenciones equivalen a un subsidio al consumo interno, desincentivan la producción, crean ineficiencias en la economía y reducen el volumen de las exportaciones perjudicando la inserción en los mercados internacionales", asevera un estudio del Área de Economía de la Fundación del Tucumán.