A pesar de su alta exposición en los medios, hoy teme que los presuntos captores de su hija -liberados por un polémico fallo en Tucumán- la maten, ya que, según dice, “me amenazaron”.

Está asustada porque los sospechosos que habrían secuestrado a su hija para explotarla sexualmente están libres en Tucumán, tras el fallo judicial que eximió de culpa a los 13 imputados y que luego fue revocado por la Corte Suprema provincial.

"Los tipos que la secuestraron a mi hija me los encuentro por la calle y se matan de risa. Se dan el lujo de amenazarme y hacerme muchas cosas terribles. Tengo que andar escapándome como si yo fuera la delincuente. Es una vergüenza, ya no sé qué hacer", dijo la mujer, quien debió mudarse a Córdoba para garantizarse su seguridad.

"Me dicen que la van a secuestrar a Micaela (su nieta, hija de Marita). Ella está enferma, le están haciendo estudios acá. Es una vida de porquería la que llevo", se quejó. Y concluyó: "Estoy en peligro de vida".

Indignada por la baja de penas

Trimarco expresó su deseo de que "las autoridades sean más duras con estos delincuentes que andan destruyendo familias" y que hoy "entran por una puerta y sale por otra". Aseguró que va a pedir una audiencia con la Presidenta.

Susana Trimarco opinó en Radio La Red sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal y consideró que a los condenados por delitos sexuales "deberían darles más años de pena" y "un castigo bien dado".

"Yo no leí nada, pero por lo que estoy viendo y escuchando es una vergüenza si quieren bajar las penas", expresó.

"Los tipos estos son peligrosos, no son nenes de pecho, no son buenitos, son explotadores de mujeres", definió Trimarco y fustigó: "Quiero que nuestras autoridades sean más duras con estos delincuentes que andan destruyendo familias, matando en la calle y que entran por una puerta y salen por la otra".

Ley de Trata

A 26 meses de la reforma de la Ley de Trata de Personas, ex diputadas y organizaciones de la sociedad civil se presentarán ante la Justicia para exigir la reglamentación de la norma, luego de insistentes reclamos al Poder Ejecutivo por incumplir el plazo para su aplicación.

Así lo adelantó a parlamentario.com la ex diputada por la UCR y abanderada en el tema, María Luisa Storani, quien encabezará el reclamo judicial junto a otra ex legisladora, Fernanda Gil Lozano, a poco de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.

La nueva ley fue sancionada el 19 de diciembre de 2012, en sesiones extraordinarias que fueron convocadas con urgencia por la presidenta Cristina Fernández, tras el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de la tucumana Marita Verón.

Sin embargo, la velocidad del trámite parlamentario no fue suficiente, ya que el Ejecutivo incumplió los 90 días que tenía para reglamentar la norma, que hoy por hoy no surte efectos concretos.

Entre otras cosas, el nuevo texto –que reemplazó algunos artículos de la ley original, sancionada en 2008- eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado brindar asistencia a las víctimas, en un capítulo específico.

La reforma de la Ley de Trata contempla una pena de prisión de cuatro a seis años “para quien explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El castigo se eleva de diez a quince años en caso de que la víctima sea menor de 18 años.

Según pudo saber este medio –y aún sin la reglamentación-, la Jefatura de Gabinete estaría llamando a convocar el Consejo Federal que crea la ley para coordinar el seguimiento de los casos, pero se desconoce quiénes lo integrarían, mientras siguen sin asignarse las partidas que corresponden.

Así las cosas, Storani advirtió que “hoy estamos con la ley de 2008”. “Todo lo que hicimos es en vano”, lamentó la radical, cuya demanda ante la Justicia será acompañada por las organizaciones Esclavitud Cero, la Red No a la Trata y el Centro de la Mujer de San Fernando (CEDEM).

El reclamo cobra fuerza a raíz de las últimas declaraciones de la principal impulsora de la ley, Susana Trimarco, quien consideró que “es una vergüenza y una burla que quieran bajar las penas por los delitos sexuales” en el nuevo Código Penal.

En tanto, la Cámara de Diputados aún tiene pendiente otro debate algo más resistido: la fijación de penas para el cliente si es consciente de que la mujer fue víctima de una red de trata de personas.

El año pasado avanzó en el Senado un proyecto de la peronista opositora Sonia Escudero (MC) sobre este tema, pero aún no fue abordado por la Cámara baja.