Tal como había anticipado EL SIGLO, Susana Trimarco y sus abogados presentaron ayer un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de su hija, María de los Ángeles "Marita" Verón.

En el escrito, que consta de 116 páginas, se destacan los motivos que dan lugar al recurso y se solicita a la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo absolutorio emitido el pasado 11 de diciembre por los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. En este sentido, en la presentación se exige la condena a todos los imputados absueltos o, en su defecto, la anulación del fallo y la designación de otro tribunal para que realice un nuevo juicio oral y público.

En el recurso, se considera que la sentencia cuestionada constituye un elemento "a favor de la violencia de género y la discriminación" y que la misma "abunda en la ilogicidad, la irrazonabilidad y lo absurdo". Además, aduce que "los fundamentos de la sentencia denotan un apartamiento de los sucedido en el juicio y de las constancias de actas, existen claras confusiones en su redacción respecto a lo expresado por los testigos, hay una omisión de la lectura de las pruebas incorporadas y, producto de ello, las conclusiones son erradas".

Los abogados de Trimarco aseguraron que cuentan "con numerosos precedentes nacionales para solicitar que la corte de la provincia deje sin efecto la sentencia y directamente condene a los acusados, conforme las pruebas del juicio realizado". Por otro lado, en el planteo se advierte que "los estándares de protección de los derechos humanos avalan lo realizado y expresado por las testigos-víctimas que dijeron haber visto a María de los Angeles durante el período 2002-2003 y que la sala II no quiso oír ni ver".

Además, consideraron que "la sentencia del tribunal de juicio resulta arbitraria, pues su fundamentación, omisiva, contradictoria e ilógica, en virtud de haberse vulnerado las reglas de la sana crítica racional en torno a la valoración del material probatorio incorporado y haberse omitido la valoración de elementos probatorios de valor decisivo, violando de este modo las reglas de la sana crítica racional".

Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles, explicó que el documento ingresó en misma la Sala II de la Cámara Penal, cuyos integrantes tienen desde ayer tres días hábiles para evaluar si el mismo fue presentado formalmente. "Una vez que lo acepten, enviarán el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que resolver sobre el mismo", precisó.

El letrado indicó que una vez cumplido este paso, se notificará a las partes, que tendrán 10 días para presentar un memorial y a continuación comenzará un período de estudio de 90 días antes de emitir una sentencia.

De todas maneras, Garmendia reiteró que el caso seguramente terminará recalando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Si la Corte local no hace lugar a nuestro planteo, nosotros vamos a apelar ante el Máximo Tribunal de la Nación, y si falla en sentido contrario, ya sea condenando a los acusados o anulando el fallo y ordenando que se haga un nuevo juicio, seguramente apelará la defensa ante esa misma instancia", argumentó.