La oferta de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química para comprarle a la Provincia 1,5 millones de metros cúbicos de gas de regalías para producir urea al norte de Río Grande entró en su etapa de definición.

A fines de la semana pasada, tal lo adelantara a EDFM el subsecretario de Hidrocarburos Daniel Blazquez, la comisión evaluadora de ofertas remitió el resultado del análisis de la propuesta de la empresa china a la secretaría de Hidrocarburos, la que el viernes la elevó al Tribunal de Cuentas. La información fue confirmada por la Secretaría de Comunicación Institucional de la Provincia.

De acuerdo a lo que establece la Resolución 36 de Hidrocarburos, “y de conformidad con la normativa vigente”, el órgano de control contará con un plazo de 48 horas para analizar las actuaciones y formular, caso de que corresponde, las observaciones que crea conveniente.

Como el miércoles de la semana pasada la Sala Acusadora de Juicio Político resolvió – en el marco del proceso que se le seguía los vocales del Tribunal de Cuentas– acusar únicamente al contador Ricciuti y suspenderlo en sus funciones , la oferta de Tierra del Fuego Energía y Química será analizada por los vocales Longhitano y Caballero, sobre los que no se formuló imputación alguna aún cuando se constató que habían incurrido en la irregularidad denunciada por el senador Martínez; cobrar remuneraciones que excedían el tope fijado en la ley de creación del órgano de control y en la Constitución.

Comisión completa

Según trascendió, el pasado miércoles 8 fue designado para integrar la comisión evaluadora de ofertas para la industrialización de gas de regalías el licenciado en Administración de Empresas Osvaldo Monti. El mencionado se desempeña, además, como secretario de Administración Financiera del Ministerio que conduce Guillermo Aramburu.

Monti viene a reemplazar en esa Comisión al ex subsecretario de Hacienda, Darío Farías que renunció a los cargos que ocupaba en la gestión Ríos el 31 de agosto.

El alejamiento de Farías se produjo luego de que EDFM publicara la denuncia pública formulada por el periodista Daniel Puebla, en la que acusaba al funcionario de haberle ofrecido, a nombre de Tierra del Fuego Energía y Química, una suma de dinero en negro para que hablara bien del proyecto que impulsa la firma. Los hechos se remontan a fines de 2009, cuando el Ejecutivo pretendía concretar la venta directa de gas de regalías a TFEQ en función de lo que autorizaba la ley 774. La pretendida operación había generado diversas objeciones de parte de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas y finalmente fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia.