La nueva consulta soberanista no vinculante convocada por el gobierno catalán después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el primer llamado a las urnas, también ha sido anulada por el Alto Tribunal después de una segunda impugnatoria del ejecutivo español.

La decisión ha sido por unanimidad. Aceptar el pedido de impugnación del gobierno y suspender la convocatoria y todos sus actos vinculados como lugares de votación, papeletas, voluntarios y campaña.

Las primeras reacciones en las calles de Barcelona, según han registrado algunos medios, ha sido de indignación ypromesas de que los catalanes igual tratarán de pronunciarse de algún modo el 9 de noviembre, 9N. Dentro de cinco meses el Tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo del problema.

El ejecutivo catalán pidió al Tribunal que la impugnación no se admitiera a trámite por entender que supone un "uso desproporcionado y abusivo del derecho".

El gobierno central de Madrid reclamó al Constitucional que suspendiera la convocatoria y "anulara todos los actos tendientes a preparar la consulta así como cualquier actuación aún no familiarizada jurídicamente. Pedía también que comunicara a Artur Mas la suspensión y ordenar su publicación en los diarios oficiales y catalanes para que "alcance conocimiento y eficacia general respecto a cualquiera terceros".