El 14 de agosto de 2000, en una histórica decisión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) invocó ante el secretario general la constitución de un tribunal especial para investigar los crímenes de lesa humanidad en Sierra Leona. Entonces, Africa lloraba con la sangre de millones de sus hijos, hombres, mujeres y niños, raptados, torturados y convertidos en engranaje de la industria ilegal de los diamantes con los que grupos rebeldes y dictadores financiaban sus conflictos regionales. Hoy, los diamantes de sangre ya no son patrimonio exclusivo de Sierra Leona, Liberia o Angola. Su fantasma cruzó las aguas del Atlántico y Venezuela, Guyana y Brasil repiten la historia de sus antecesores africanos.

Codiciados por su elevado valor y fácil movilidad, los denominados “diamantes de sangre” o “conflictivos” formaron parte durante años del circuito comercial ilegal, extraídos en bruto de las arrasadas tierras africanas, procesados en Bélgica, Israel, el Líbano y China y de allí insertados en el lujoso mercado de Estados Unidos y Europa. En 2002, el Proceso Kimberley, un acuerdo entre los gobiernos, la industria y la sociedad civil con mandato de la ONU logró desarticular este circuito a través de un control de certificación al cual adhirieron los principales productores, exportadores e importadores de diamantes en bruto del mundo para garantizar que las piedras no provengan de zonas en guerra.

Sin embargo, y aunque en la actualidad aún se sospecha que el tráfico ilegal continúa en Costa de Márfil y Zimbabwe, las organizaciones civiles denunciaron que un nuevo circuito internacional se abrió en Sudamérica, esquivando los férreos controles africanos.

Es el camino de los diamantes ilegales a través de Brasil, Guyana y, principalmente, Venezuela, un tráfico que, de acuerdo a las ONG denunciantes, Partnership Africa Canada (PAC) y Global Witness, ya no está en manos de grupos rebeldes pero sí de explotadores ilegales y que puede conducir a la expulsión de Caracas del Proceso Kimberley en la cumbre anual en noviembre por su negligencia a aplicar los controles de certificación. De suceder esto, las piedras venezolanas serían los primeros “diamantes conflictivos” de Latinoamérica.

“Técnicamente, Venezuela sigue siendo parte del Proceso Kimberley pero está suspendida desde 2008 mientras trabaja para cumplir con los requisitos que entonces denunciamos por inexistentes. Este año debería presentar sus resultados y pedir que un equipo viaje para chequear sus avances. Pero aún no vimos que nada de esto se haya concretado”, comentó a PERFIL desde Canadá Nadim Kara, representante de PAC ante el Proceso Kimberley. “Si no vemos avances, la coalición civil será muy dura con ellos, podría pedir su exclusión”, amenazó.

A partir de una serie de investigaciones conducidas por personal de PAC, la organización denunció en su último informe, “Diamantes y Seguridad Humana”, de 2009, el camino que las piedras preciosas venezolanas realizan para evitar los impuestos que cercenan su valor. Y el vecino país de Guyana es el eslabón clave para conseguirlo. Allí, donde los rígidos controles exigen a las cooperativas y mineras que detallen semanalmente su producción en quilates para chequear toda la información a través de un entrecruzamiento de datos a la hora de la venta, el modus operandi que hallaron los traficantes venezolanos en connivencia con los locales es inflar los números de los documentos para blanquear, de este modo, el cupo de diamantes venezolanos haciéndolos pasar por autóctonos, camuflándolos como un boom extractivo o el descubrimiento de piedras con tamaños poco habituales.

Pero las cifras que PAC registró en su trabajo bordean el absurdo: en un ejemplo a partir del relevamiento de los registros de la Comisión de Minas y Geología de Guyana (GGMC), se consigna una exportación de hasta 409 quilates semanales cuando el promedio en el país no supera los 42 quilates, o un peso promedio de 0,35 quilates por piedra cuando lo estándar ronda los 0,10 quilates. La diferencia, entre las cifras habituales y las consignadas serían el modo en el que los diamantes venezolanos consiguen entrar al comercio legal desde Guyana hacia Estados Unidos y Europa.

Las acusaciones contra Caracas radican en la ausencia de esfuerzos para revertir este crimen. A comienzos del año pasado, y mientras el país se encontraba ya suspendido del comercio de diamantes, los contratos de cinco cooperativas mineras en la región de Santa Elena fueron renovados por la Corporación Venezolana Guyana, de origen estatal, por un período de diez años. Frente a la falta de explicaciones gubernamentales, un equipo de PAC se dirigió a la frontera venezolana, en el pueblo de Santa Elena, en mayo del año pasado, donde comprobó que el tráfico de diamantes continuaba activo. “En Venezuela el Proceso Kimberley no es sólo impotente, es irrelevante”, escribió en su reporte al regresar desde el sur.

La única esperanza de Venezuela de no seguir la ruta africana y caer en el bloqueo comercial que implica la condena del mundo a sus diamantes radica en Brasil. Como coordinador regional del Proceso Kimberley, Brasilia encomendó a un equipo de funcionarios del Ministerio de Minería que acercara posiciones con Caracas para evitar su marginación. Y según adelantó con reserva uno de los hombres a cargo de esta tarea, el informe que presentarán a fin de año buscará contrabalancear el pedido de la sociedad civil de expulsar a Venezuela, alegando que el país está haciendo esfuerzos.

Mientras tanto, Brasil enfrenta su propio circuito ilegal de diamantes, en el norte de su territorio, donde una ley impide la explotación de los suelos indígenas que esconden unos de los tesoros más preciados, diamantes de una calidad superior, similar a la sudafricana. Pero a diferencia de Caracas, Brasilia fue mucho más afín a la lucha que los países africanos entablaron hace diez años, articulando el hermético control local a través de una fuerza especial de policía, con el respeto a los requerimientos que el Proceso Kimberley fijó para evitar que los diamantes de sangre continuaran circulando por el mundo con complaciente impunidad.