Tres miembros del Consejo Provincial de Ambiente (CPA) presentaron su renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente y también como representantes del mismo ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). El motivo es claro: afirman que sus opiniones son ignoradas y que sus recomendaciones no son atendidas. Además, explicaron que no han recibido respuesta ante las indicaciones sobre los reiterados vicios en ciertos procedimientos de evaluación ambiental. Desde la secretaría indicaron que la composición del organismo es "dinámica".

Lucrecia Wagner, licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, becaria postdoctoral del Conicet y profesora en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Giraud, profesor y licenciado en Geografía de la UNCuyo, y Carlos Achetoni, miembro de la Federación Agraria Argentina de General Alvear, son las tres personas que le manifestaron al secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, el 1 de marzo, la decisión de separarse del CPA.

Finalmente, el 8 de abril, le enviaron una nueva nota para informarle los motivos de la renuncia y aún no han tenido una respuesta. Giraud afirmó que no pueden compartir que se haya avanzado en el tratamiento del proyecto minero San Jorge, aunque el proyecto presentaba, formal y burocráticamente, todos los títulos que debía tener. El profesor aseguró que al ver la información disponible había "muchas contradicciones que son cuestionables, es decir, agregados de información engorrosa a la hora de verificar los datos".

También agregó que desde la Gobernación, puntualmente Celso Jaque y el Ministerio de Infraestructura, Francisco Pérez, se trabajaba para ponerle condicionamientos al proyecto minero, pero finalmente aprobarlo, como, por ejemplo, la doble barrera de impermeabilización. Giraud indicó que, sin embargo, en la CEIAM pudieron trabajar tranquilamente, como lo indica el informe en disidencia que presentaron, donde hubo aportes que sí fueron tenidos en cuenta, que ellos mismos llevaron a la mesa y que se discutieron. "Dentro de la CEIAM no tuvimos problemas.

Pero nos pusieron (a la CEIAM) a remediar todo lo que tendría que haber hecho bien la empresa, es decir, salvarle un proyecto a un proponente privado. El rechazar el proyecto desde un comienzo no significa que quedaba excluida, sino que debía volver a presentarlo con las exigencias", aclaró Giraud y recordó que presentó formalmente y por escrito, como miembro del CPA, en enero del 2010 el dictamen sectorial donde se advertía que aprobar el proyecto sería una muy mala señal.

La Secretaría de Medio Ambiente recibió las notas, pero no le dieron importancia e indicaron que es un organismo dinámico, donde hay libertad de sus miembros para que se vayan o se queden de acuerdo con sus decisiones. Los miembros del CPA observaron que este espacio de participación y asesoramiento viene siendo ignorado por la secretaría, ya que sus recomendaciones no son atendidas. Además, aseguraron que no han recibido respuesta ante sus indicaciones sobre los reiterados "vicios" en ciertos procedimientos de evaluación ambiental, como en los casos del proyecto minero San Jorge y de las obras del Paseo del Bicentenario, en el Parque Cívico.

También se suma que acusan la falta de gestión en lo relacionado a la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial Provinciales y Municipales, que se ve reflejada en el caso del Municipio de la Ciudad de Mendoza, donde "los funcionarios sancionaron una ordenanza de Indicadores de Reforma al Código de Edificación, que condiciona notoriamente el ordenamiento territorial de la provincia, sin que las direcciones a su cargo realizaran las intervenciones pertinentes".

La nota también explica que tampoco se han atendido las propuestas presentadas en el Consejo de Estado para impulsar la creación de parque Polvaredas, como propuesta superadora para el desarrollo de Uspallata, y la gestión de la microrregión andina para la preservación del recurso hídrico. "No compartimos la decisión del Gobierno de haber puesto el mejor capital humano de reconocidas instituciones para evaluar un proyecto que, por sus características, debería haber sido rechazado, solicitando un informe de impacto ambiental que cumpliera con la información mínima indispensable sobre la cual realizar la evaluación correspondiente", indica la nota dirigida a Carmona.

Los citarán en la Legislatura

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Antonio Spezia, del PD, lamentó la renuncia de los miembros de la CPA y le parece muy grave que esto suceda. "Es gente muy importante para el cuidado del medio ambiente de la provincia, que no responde a intereses políticos ni económicos", dijo Spezia. A la diputada Patricia Gutiérrez no le extraña que hayan presentado su renuncia, porque le parece que la Declaración de Impacto Ambiental es bastante desprolija.

"Tiene una cantidad importante de observaciones que son necesarias, probablemente, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta", comentó la legisladora. Gutiérrez coincidió en que estas personas sean citadas por la Cámara para que comenten por qué tomaron esa decisión. El proyecto minero San Jorge está siendo evaluado por algunas comisiones de la Cámara Baja y se están escuchando diferentes opiniones.