A casi tres meses de la sentencia de hábeas corpus dictada por el Juez Lozada, por medio de la cual dispuso que debía limitarse a 60 el número de los internos del establecimiento, la administración penitenciaria no ha reducido ese número, muy por el contrario el número de internos supera actualmente a los 80 internos.

Tomando en consideración un informe que el Comisario Poblete efectuara al respecto, el Juez Martín Lozada ha solicitado al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Justicia, así como a la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial, a que de modo urgente pongan a disposición del Establecimiento de Ejecución Penal nro. III de esta ciudad los medios materiales con los cuales cubrir la suma de necesidades que allí se experimentan.

Sostuvo el magistrado que la situación planteada por el Comisario Poblete posee una indisimulable repercusión, ya sea a corto, mediano o largo plazo, en materia de seguridad pública. En este sentido ha consigando el Magistrado ".. por cuanto cualquier tratamiento a llevar adelante sobre un interno privado de su libertad, o cualquier aspiración vinculada al carácter resocializador del tránsito penitenciario, queda trunca y resulta materialmente imposible en las condiciones aludidas....Al tiempo que agregó: .. amén del carácter mortificante que una experiencia penitenciaria tal posee para quien la sufre, con la consiguiente responsabilidad estatal que ello puede traer aparejada a raíz del incumplimiento de los estándares mínimos vigentes en la materia.

El comisario a cargo de la unidad penal informó al magistrado que dicha unidad penitenciaria “se encuentra sin las capacidades suficientes para recibir internos”, debido a las “casi nulas posibilidades de contar con los elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de los distintos sectores de alojamiento”, así como a la insuficiencia de colchones destinados a los detenidos allí asignados.

El nombrado sostuvo que el día 13 de abril del corriente se procedió a la clausura de una nueva celda -nro. 2-, lo cual se suma a las previamente clausuradas -nros. 5 y 11- en razón de su falta de acondicionamiento e inexistencia de las condiciones mínimas de habitabilidad, “no contándose con los recursos económicos para las reparaciones necesarias”.

Destacó, además, “que el exceso en la capacidad de alojamiento ha superado las plazas existentes provocando un hacinamiento importante y un perjuicio a las condiciones de detención de los internos, con un incumplimiento en total manera grave a los estamentos legales vigentes”. Tan es así, sostuvo, que inclusive el “hacinamiento ha llegado al punto tal que ha colapsado el sistema cloacal” del establecimiento.

El Comisario Poblete reconoció encontrarse frente a un cuadro marcado por “la falta de plazas, falta de colchones, celdas clausuradas, carencia de fondos y elementos de reparaciones (…) falta de un área de sanidad con cobertura completa, escasez de insumos de limpieza, recepción de insumos alimenticios en ocasiones a cuenta gotas”.