Correa emitió ayer el decreto 632 para la reorganización de la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, judicial y extrajudicial de la entidad sean asumidas por el Ministerio del Interior. Las reformas que incluye llegan también a nivel administrativo y organizacional.

El decreto indica que el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía, sin que deba realizar funciones administrativas dentro de la institución.

Dispone que el Ministro del Interior podrá reestructurar los segmentos administrativos y operativos de la institución, y otorga noventa días para que la entidad disponga de las medidas administrativas que fueran necesarias.

Todo el personal civil que trabaja en la policía pasará al Ministerio del Interior y quien podrá evaluar y seleccionar al personal necesario para el cumplimiento de las nuevas funciones, así como suspender cargos en base a la Ley de Servicio Público.

Todas las obligaciones y derechos de carácter económico a cargo de la policía pasarán a manos del ministerio, incluidos créditos, inmuebles, ingresos, gastos corrientes y de inversión.