Los responsables de la empresa Tres de Mayo salieron al cruce de los dichos del municipio en relación a los tiempos y las formas de la rescisión de la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros. A través de un comunicado -remitido por el abogado de la firma y titular de la Cooperativa de Electricidad, Rodolfo Rodrigo-, la empresa recordó que “desde hace mas de un mes se está comunicando, por parte de las autoridades municipales que nuestro servicio cesa por decisión del gobierno”. Sin embargo, informaron que el 27 de junio pasado se notificó al Secretario de Transito y Transportes, Francisco Pego, y a la UTA, que el 30 de junio sería la última jornada de actividades de la empresa. No obstante, desde el área de Tránsito del municipio se les "solicitó continuar unos días más hasta definir algunos aspectos de la nueva concesión frente a la decisión adoptada por la Municipalidad”.

Oportunamente, ANB consultó a Pego por el contenido de esa nota, pero el secretario de Transporte negó haberla recibido.

Incluso, Tres de Mayo detalló que el 30 de junio se concretó un encuentro con "uno de los cinco empresarios que nos manifestó el municipio como los posibles nuevos adjudicatarios de nuestras líneas”, para ofrecer la estructura de la compañía “en préstamo, sin cargo, por un periodo prudencial” para permitir una transición ordenada.

Con estos antecedentes, Rodrigo confió que en la reunión de este sábado por la noche se hizo entrega al Municipio de un informe con los elementos con los que contaría la nueva concesión. Ese encuentro fue considerado por el Gobierno como "informal", y se insistió en que Tres de Mayo está "vaciando la empresa, retirando colectivos de los talleres y dejando una importante deuda salarial con sus trabajadores”

“Ante este nuevo incumplimiento, y observando que los responsables de la empresa no están destinando la recaudación al pago de los salarios y que hoy retiraron unidades de los talleres, precipitando este fin de semana el vaciamiento de Tres de Mayo, la Intendenta decidió culminar el vínculo y accionar judicialmente contra sus propietarios”, se informó oficialmente desde la Municipalidad.

La firma cargó contra la política tarifaria de los sucesivos gobiernos municipales: “Desde los sectores de la política siempre nos obligaron a los esfuerzos, con la insuficiencia de tarifas que nos arrastraba a la insuficiencia del servicio, manteniendo los falsos conceptos que las insuficientes tarifas de los servicios son sinónimos de políticos que hacen bien las cosas”, afirmó.

En este sentido, apuntaron contra las “tarifas especiales” que se otorgan a estudiantes primarios, secundarios y terciarios de colegios privados, jubilados, policías “y a otros sectores más carenciados”, asegurando que los costos eran absorbidos por la firma. También culparon a los jueces “entusiasmados con la cosecha del elogio fácil”, por resolver el transporte gratuito de los estudiantes “inclusive de una universidad de otra provincia, que en muchos casos pagan altos aranceles en el instituto educativo pero viajan sin costo en los micros”.

Por último, los empresarios se refirieron a una posible concesión a “empresas de afuera” con una consecuente readecuación de tarifas: “A ellas no se les exigirá ningún sacrificio. Ahora aparecerán las tarifas rentables, que a las empresas de Bariloche, como nosotros, se nos retacearon siempre, porque quienes no son de Bariloche no van a mantener compromiso alguno si no tienen la rentabilidad previsible”, concluyeron.