La Justicia provincial continúa investigando los decesos de Fabián Da Silva (23), Fernando Piñeiro (13) y su papá José Francisco Piñero (42); Lucas Da Silva Rodríguez (14), Edgar Ferreira (17), Luis Godoy (33), Miguel Miranda (55) y su hijo Hugo Franco (33), quienes se desempeñaban como tareferos cuando encontraron la muerte cerca de Salto Encantado, el 17 de Junio del 2013.
Según testigos y familiares de las víctimas, el yerbatero habría adquirido varios camiones y los cedió en cuotas a exempleados para que éstos oficien de cuadrilleros y así tercerizar la cosecha, con lo que pretendía evadir cualquier responsabilidad legal sobre el personal, de acuerdo con El Territorio. En esas condiciones se hallaría el chofer del viejo camión Ford 7000, dominio TNN 048, que el 17 de junio de 2013 que volcó sobre la ruta provincial 220, en el municipio de Aristóbulo del Valle, la ciudad natal del gobernador Maurice Closs.
“Al tercerizar la cosecha el señor dueño del molino no es responsable de nada, le traen la hoja hasta su molino, evadiendo toda responsabilidad civil, penal y tributaria. Los camiones que estuvieron en el accidente y otros eran de su propiedad, pero los choferes van pagando con fletes las cuotas y se hacen cargo de toda la responsabilidad”, explicaron al matutino mencionado. Sin embargo, la norma vigente establece la corresponsabilidad de los dueños de molinos, ante irregularidades que se den en los yerbales, motivo por el cual, el molinero podría ser procesado.
Consultado al respecto por Canal 8, Jorge Da Silva Rodríguez, padre de una de las víctimas, confirmó que “en Villa Bonita (Oberá, de donde eran los trabajadores y niños fallecidos), todos sabemos para quién trabajaba el chofer. Declaramos en el Juzgado y en el Ministerio de Trabajo, y saltó el mismo nombre. Esperemos que la Justicia investigue a fondo y los responsables paguen, porque se perdieron ocho vidas”, sentenció Da Silva Rodríguez.
Además del trasladar al personal en la planchada del camión, incluidos una decena de menores, lo que contradice todas las normas vigentes, luego del accidente se supo que el rodado presentaba fallas mecánicas. Esto surge de las pericias y de la declaración testimonial brindada por algunos de los sobrevivientes, incluido el hermano del conductor, quien se arrojó del vehículo poco antes de que éste volcara.
Las testimoniales que fueron tomadas en la Comisaría de Aristóbulo del Valle, ratificaron que el camión Ford 7000 partió desde Villa Bonita por la ruta Provincial 103 y luego transitó por la Nacional 14, cruzando las localidades de Campo Viera, Campo Grande y Aristóbulo del Valle, hasta la intersección con la provincial 220, sin ningún impedimento ni control policial. “El camión venía frenando mal porque tiraba para un lado. Entonces paramos en un taller, a una cuadra más o menos de la ruta, y ahí ajustaron algunas cosas según mi hermano. Y nuevamente seguimos”, relató Da Silva, al diario citado.
Por otra parte, familiares de víctimas denunciaron que el chofer imputado volvió a conducir y sigue transportando tareferos en condiciones irregulares. En esta línea, Da Silva Rodríguez, el padre de Lucas (14), uno de los ocho fallecidos, opinó que “le tendrían que sacar el carné de por vida, por lo menos. Es mi vecino y todos los días veo que sale con el camión a buscar la gente. Sigue como si nada y, lo peor, es que las autoridades miran para otro lado”, advirtió el tarefero.
El caso expuso con crudeza la problemática de la explotación de menores y el trabajo en negro en los yerbales de Misiones, que afecta a cerca del 80% de los trabajadores (unos 14 mil obreros) Al mismo tiempo, la "tragedia" desnudó también, la falta o la ineficiencia de los controles viales en la provincia. Cabe recordar que los cinco tareferos y tres niños fallecidos trabajan en negro, carecían de toda cobertura médica o previsional –carecían de seguro- y fallecieron por haber sido trasladados sobre la carga del camión, algo expresamente prohibido por las normas vigentes en Misiones. Para muchos, los responsables políticos de esas muertes fueron la exministra de trabajo Claudia Gauto (hoy diputada provincial), el ministro de gobierno Jorge Franco (por la falta de controles), y el propio gobernador Maurice Closs. Además, se sospecha que los intendentes de la zona presionaban para que no se realicen controles sobre los transportes -irregulares- de tareferos.
Asimismo, hay que recordar que en Febrero de este año, falleció Hugo Martínez (38) otro tarefero falleció en idénticas circunstancias -era transportado sobre la carga de otro camión Ford F-7000-. Esto fue en el paraje Puerto Península, de la localidad de Andresito Guacurarí. Este "accidente" demostraría que persisten la falta de controles y el traslado inseguro e irregular de cosecheros de la yerba.


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