Cuando el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo embistió contra la Sala Penal del Tribunal Supremo, no imaginó que sus palabras serían rechazadas, tanto desde el Poder Judicial como desde la defensa de Baltasar Garzón, en el primer caso por desprestigiar a los magistrados y en el segundo por no colaborar con la estrategia de los abogados que representan al juez, jaqueado por tres causas que amenazan con suspenderlo en sus funciones por veinte años. "Los integrantes del Tribunal Supremo se convirtieron en instrumento de expresión del fascismo español. Formaron parte del Tribunal de Orden Público (TOP) hasta el año 1976. Fueron cómplices de las torturas y ahora se pusieron en manos de la Falange", disparó el ex fiscal este martes en la Universidad Complutense.

Lo cierto es que de los cinco magistrados que tienen en sus manos el futuro de Garzón, dos de ellos comenzaron su carrera en el Poder Judicial durante el franquismo y un tercero se refirió en dos actos públicos a favor de la dictadura que gobernó España con puño de hierro entre 1939 y 1975. El presidente de la Sala, Juan Saavedra, fue designado juez en 1973 y esta semana fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos por el delito de prevaricato, el mismo que se le imputa a Garzón. El otro integrante del cuerpo que dio sus primeros pasos por esos años es Francisco Monterde, que en 1974 era un joven juez del interior del país. En 1996 su carrera recibió un impulso que lo catapultó a las más altas esferas de la Justicia cuando fue propuesto por el Partido Popular como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Pero el más polémico de estos magistrados es Adolfo Prego, que según denunció el diario español Público participó en dos actos en los que justificó el golpe militar de 1936 en la Península Ibérica. En esas reuniones, celebradas en el Casino de Madrid el 26 de enero de 2005 y el 14 de febrero de 2007, Prego, que se pronunció en contra de la Ley de Memoria Histórica, aludió a un supuesto "proceso de sovietización" tras la conformación de la República y calificó el golpe de de Franco como una "contrarrevolución".

Estos antecedentes arrojan dudas a la hora de decidir si Garzón se extralimitó en su investigación sobre los crímenes del franquismo. Ejecuciones que aún continúan impunes y, según Jiménez Villarejo, avergüenzan a la Justicia española.