Los intendentes radicales amenazaron con presentar "en los próximos diez días" una acción de amparo "por retención indebida de fondos" si la Provincia no les liquida el 18,7% de la masa coparticipable previsto en el nuevo reparto, e insiste con distribuir entre todas las comunas el anterior 14% "que ya no está vigente". También dijeron que evalúan "una denuncia penal contra el gobernador Celso Jaque y el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni".

Como respuesta, el Gobierno provincial reclamó la aprobación legislativa de las "sensatas, viables y útiles" leyes Impositiva y de Presupuesto 2011 como "salida final y definitiva" para "asegurar la aplicación" de la reforma a la ley de Coparticipación Municipal aprobada en 2009 y subrayó que esta ley sufre "dificultades para poder ser aplicada" como "consecuencia directa de la ausencia de estos instrumentos fundamentales de gestión".

"La ley de coparticipación no puede ser manoseada y queremos que se cumpla. El Gobierno ha sido un pésimo recaudador y la excusa de que el presupuesto no haya sido aprobado no es técnicamente válida", golpeó el intendente radical de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo.

"Si están atando la coparticipación al Presupuesto, estamos ante una extorsión", acusó en una conferencia de prensa junto a sus pares de Tunuyán, Eduardo Giner; de Junín, Mario Abed; de Rivadavia, Gerardo del Río, y de La Paz, Gustavo Pinto. El único intendente radical que no se unió al grupo es el de Capital, Víctor Fayad, más cercano al oficialismo.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, no dejó pasar ni dos horas antes de responder: "No hay ninguna extorsión ni hemos desistido de aplicar la ley, pero no tenemos las partidas ni el crédito que nos otorgan la certeza de cumplimiento durante todo el año".

El principal ladero de Jaque confirmó que en los últimos cuatro días se reunió o habló telefónicamente sobre este tema con los intendentes Fayad y Giner; los demócratas de Luján, Omar Parisi, y de San Carlos, Jorge Difonso, y los justicialistas de Las Heras, Rubén Miranda; San Martín, Jorge Giménez, y Guaymallén, Alejandro Abraham. Y que la semana entrante recibirá a los diez jefes comunales del oficialismo.

El Gobierno provincial apelará a los intendentes para que intercedan ante los legisladores, con la finalidad de destrabar las leyes Impositiva y de Presupuesto 2011, empantanadas en el Senado provincial por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el déficit. Tras la reunión con los intendentes del PJ, el Ejecutivo tiene previsto convocar a sus pares radicales y demócratas.

"No es saludable judicializar los temas políticos porque nos obligarán a responder", subrayó Cazabán. Mencionó que ante una eventual presentación en Tribunales, el Ejecutivo podrá defenderse mediante "la doctrina de la imprevisión" por falta de aprobación legislativa de dos "leyes estructurales" previstas para el cumplimiento de los nuevos porcentajes de coparticipación.

No obstante, también subrayó que "vamos a cumplir con la ley de coparticipación y estamos buscando un mecanismo técnico-legal que nos permita distribuir el 18,7 por ciento que estipula la ley y para ello hemos pedido la intervención de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Asesoría de Gobierno".

A ese punto Cornejo respondió que "desde ya adelanto que la propia Asesoría de Gobierno les va a confirmar que deben respetar una ley cuyo cumplimiento no está atado a ninguna otra aprobación legislativa.

El Gobierno quiere cumplir con la ley vieja y no con la nueva, aunque se trate de una ley permanente. Debe liquidar la coparticipación tal como debe pagar los aumentos salariales ya acordados con los empleados públicos aunque no estén aprobados la ley Impositiva ni el Presupuesto", enfatizó.

Cazabán se pronunció en favor de "alcanzar una salida política al regreso del Gobernador".