El proyecto de la Provincia propone respetar los cinco años de concesión de Coviares, a pesar de que la empresa no realizó las obras que debía completar, entre otras, la ampliación de un tercer y cuarto carril, la construcción del tramo entre la bajada de La Plata y el puerto local, un puente en Villa Elisa y una bajada en City Bell.

Para completar las obras se propone habilitar la suba en el costo del peaje, que actualmente cuesta $ 4 por orden judicial, y crear un fideicomiso que permitirá formar un fondo para que la empresa realice las obras. “Es un problema que la Provincia tenga que hacerse cargo de la concesión de Coviares por cinco años más, esto lo tendría que haber resuelto la Nación antes del traspaso dándole de baja a la empresa por haber incumplido con las obras”, dijo ayer a Hoy el diputado de la UCR, Carlos García.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Oscar Negrelli, expresó que con el traspaso “van a aumentar el peaje y van a utilizar este fideicomiso para pagarle a Coviares las obras que ya se le habían pagado, lo cual la exime de las responsabilidades que incumplió hasta ahora y no sólo eso, también se le va a estar dando un porcentaje de lo recaudado”.

Sin embargo, el proyecto de ley que además del oficialismo tendría el apoyo del Pro peronismo y el denarvaísmo, tiene previsto que no se le otorgue una nueva prórroga a Coviares luego de que se venza la concesión en 2017 y tras más de veinte años de control de la autopista. Algunas bancadas, como la UCR, pretenden que las decisiones de comisión bicameral que se prevé crear para el seguimiento de las obras en la autopista tengan carácter vinculante. Es decir, que los legisladores tengan la información previamente y definan la realización de los trabajos.

La Legislatura vota leyes para la Justicia

La legislatura bonaerense tiene previsto tratar hoy en ambas cámaras una serie de proyectos de ley que modifican el funcionamiento de la Justicia en la Provincia. Entre ellos, la Cámara baja sancionaría la autonomía para la defensoría oficial y cambios para agilizar el proceso de enjuiciamiento de magistrados, conocido como jury. Además, el Senado podrá darle sanción a la iniciativa del gobernador Daniel Scioli para limitar las excarcelaciones para quienes hayan utilizado armas de fuego para cometer delitos y cuando los imputados puedan eludir la justicia o entorpecer la investigación, entre otros casos.

En tanto, los diputados buscan aprobar hoy y girar al Senado el proyecto de ley del gobierno bonaerense para instalar el sistema de juicios por jurado, por el que un cuerpo de doce ciudadanos elegidos por sorteo fijarán la postura para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado en un proceso penal.

Tanto, la autonomía de la Defensa, como la agilización de los jury de enjuiciamiento, fueron propuestos por el kircherismo legislativo. Mediante el primero de los proyectos se creará la figura del defensor general oficial, que seguirá bajo la órbita de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia porque la Constitución bonaerense porhíbe su separación, pero de todos modos le recortará poder a la actual procuradora, la cuestionada María del Carmen Falbo, que actulamente tiene a su cargo a los fiscales y los defensores oficiales.