El titular de la empresa TDFEyQ se presentaría como testigo en el caso donde se investiga cómo se financió el viaje de una comitiva de funcionarios fueguinos al país asiático. El empresario fue llamado en dos oportunidades anteriores, pero no lograron ubicarlo. Quieren que aclare si los pasajes y estadía de las autoridades locales fueron solventadas por el Estado chino o por particulares.
Fuentes ligadas a la empresa confirmaron a EDFM que Lin llegará hoy a Ushuaia, y si bien no confirmaron que acudirá al edificio de Tribunales de Monte Gallinero, todo indica que esta vez accederá a la citación realizada por la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo.
El empresario ya había sido citado en dos oportunidades: el viernes 15 y el martes 26 de octubre. Pero en ambos casos, el oficial notificador que acudió al domicilio de Lin en Río Grande se encontró con la novedad de que no se encontraba, y la persona que lo atendió dijo que estaba de viaje en Buenos Aires.
Barrionuevo pretende que el representante de TDFEyQ explique con claridad cómo se solventaron los pasajes y la estadía del ex ministro de Economía, Roberto Crocianelli, y del actual secretario de Hidrocarburos, Eduardo D´andrea, cuando viajaron en misión oficial a China hace dos años, para realizar las primeras tratativas vinculadas con el acuerdo de venta de gas de regalías.
El tema generó controversia porque mientras desde el Gobierno se dijo que los gastos corrieron por cuenta del Estado asiático, la Justicia averiguó que los pasajes se compraron en una agencia de viaje y se pagaron con dos tarjetas de crédito a nombre de personas que, en primera instancia, no tendrían relación ni con el país oriental ni con la empresa que pretende montar una planta procesadora de úrea en la zona norte de la isla.
Para peor, una de estas personas contestó por exhorto que había extraviado la tarjeta de crédito mientras el banco emisor respondió que ello no era cierto.
Una de las tarjetas fue emitida por el Banco Provincia de Buenos Aires sucursal Capital Federal, aunque su titular tiene domicilio en la provincia de Santa Fe.
Tanto la jueza Barrionuevo como el Fiscal Mayor Guillermo Massimi investigan la presunta comisión del delito de dádivas, en la hipótesis de que no haya existido un convenio interestatal para financiar el viaje.
Este ilícito que comete tanto el “funcionario público que admitiere dádivas entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo” como “el que presentare u ofreciere la dádiva” prevé penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación absoluta de uno a seis años (para el que recibe) y de un mes a un año de prisión (para el que la ofrece), según se establece en el artículo 259 del Código Penal de la Nación.
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