Las autoridades provinciales poco a poco van reconociendo de manera implícita toda la negligencia y desidia con que se actuó a lo largo del tiempo que precedió a lo que fue la semana pasada la fuga de cuatro reclusos de la Unidad de Detención Nº1.

Es que a partir de la evidente vulnerabilidad del sistema de seguridad, las preocupaciones se centraron en mostrar gestión para equipar la unidad, a partir del anuncio de cuatro cámaras que se utilizarán para monitorear el interior de la Unidad, en tanto que las cuatro restantes vigilarán el exterior. “Cabe recordar que las mismas tienen un alcance efectivo de 200 metros y 360 grados de radio de rotación”, informaron en una gacetilla oficial.

Según Gobierno, “la adquisición de este equipamiento, que viene a reemplazar el anterior que estaba obsoleto, comenzó a tramitarse hace cuatro meses en el ámbito de la Comisión de Seguridad Ciudadana”, cuya actividad fue seguida de cerca y nunca se informó de tal finalidad para las cámaras, al menos en el corto plazo.

¿Policías a la Unidad de Detención?

Además de la aplicación de nueva tecnología, trascendieron en las últimas horas rumores respecto de la solicitud que se efectuaría a la jefatura policial de disponer de efectivos de esta fuerza, para colaborar en la labor de seguridad penitenciaria, ya que la misma depende del diezmado Servicio Penitenciario.

La evidente escasez de recursos humanos que los penitenciarios denunciaron y por la que reclamaron en innumerables oportunidades, intentaría ser compensada con efectivos policiales en lo que hace a la seguridad externa del predio carcelario.