En esa causa, Pedraza está acusado de tráfico de influencias y será uno más de los involucrados: también hay imputaciones para un ex juez federal, un supuesto operador y un empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, entre otros.

La causa se inició a instancias de la jueza Wilma López, que llevó adelante la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra y registró una serie de grabaciones telefónicas en donde se despuntaba el intento de pagar coimas para manipular el sorteo de la sala de Casación que estaría a cargo de revisar los procesamientos de un grupo de sospechosos, entre los cuales aún no estaba Pedraza.

Se sospecha que allegados a Pedraza motorizaron una maniobra para evitar que el sindicalista fuera involucrado judicialmente: allí se implica al contador de la UF, Angel Stafforin; al ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, al ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.

Todos ellos están procesados por cohecho y tráfico de influencias, porque la Justicia entiende que desde "lugares estratégicos" y aprovechando "relaciones y conocimientos" previos tendieron una maniobra para "lograr impunidad".

Según las sospechas, Pedraza debía pagarle una coima al "señor de las teclas", en alusión a Ameghino Escobar y responsable del sorteo de jueces en Casación, para que el caso fuera remitido a la Sala 3 de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell. Además, se consideró que Aráoz de Lamadrid, que había sido magistrado federal subrogante, tenía lazos que le garantizarían beneficios y estaría a salvo de la instrucción.

Pero la jueza allanó el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, y allí encontró una suma de dinero que coincidía con lo mencionado en las escuchas telefónicas.

En diciembre pasado, apenas unos días antes de la feria judicial de enero y cuando el juicio por el caso Ferreyra llevaba cuatro meses, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó los procesamientos de los involucrados y dejó la causa en condiciones para que la instrucción resuelva su elevación a proceso oral.