Luego del compromiso que se firmó ayer, el jefe de Policía garantizó que no habrá ninguna sanción.
A cambio de ese compromiso escrito, los policías retirados y en actividad que se manifestaban desde el lunes junto con familiares aceptaron el sueldo inicial de $6.500 que ofreció el Gobierno el miércoles, con un aumento de impuestos de por medio y sin tocar el básico. Este seguirá en valores cercanos a los $680 para los agentes con menos antigedad.
El gobernador Juan Manuel Urtubey había anunciado el aumento en la jornada más intensa del movimiento de protesta, cuando con varias dependencias adheridas y una marcada presencia de uniformados en la marcha del miércoles al mediodía, la Policía de Salta estuvo al borde de un acuartelamiento.
A tempranas horas de ese día, efectivos que custodiaban las áreas céntricas donde dos noches antes habían ocurrido 15 saqueos y policías habían frustrado otros 12, con más de 120 personas detenidas, habían alertado a empresarios sobre el inminente acuartelamiento. Por eso, a media mañana, más de un comerciante bajó las persianas de su negocio y en los medios nacionales empezaron a aparecer títulos que ya daban por consumado el acuartelamiento de la Policía de Salta.
Llamativamente, la Comisaría Segunda, que hasta pocas horas antes se había presentado como uno de los puntales de la protesta empezó a mostrar sus servicios completamente normalizados, tras una visita de mandos superiores que, ante doscientos huelguistas congregados en esa seccional, transmitieron advertencias de arrestos, bajas y exoneraciones.
Con ese precedente, llegaron los anuncios del Gobernador, y aunque fueron recibidos en el Centro Policial Sargento Suárez con unánime rechazo, casi todos los uniformes desaparecieron en la siguiente marcha hacia la Central ubicada en calles General Gemes y Balcarce. La suerte de la protesta ya estaba echada, pero el núcleo duro de suboficiales retirados y esposas de efectivos en actividad decidieron mantenerla. Con mucha menor adhesión, se insistió en reclamar un sueldo inicial más cercano a los que se acordaron a policías en otras provincias, con nuevos pisos que superan los $8.000 y suben incluso a más de $11.000.
Pese a ese nuevo mapa nacional, distorsionado por responsabilidades compartidas entre los gobiernos de la Nación y de Córdoba, los mandos encabezados por Marcelo Lami desactivaron un acuartelamiento y mantuvieron las calles con policías. Y estos, subordinados a las órdenes y advertencias de sus superiores, mantuvieron servicios y evitaron con rápidas intervenciones saqueos y males mayores.
Con su imagen vapuleada, pero con su autoridad fortalecida, Lami firmó ayer el compromiso que puso fin a la protesta policial en la que tres jóvenes mujeres, las sargentos Marcela Reales, Nora Quiroga y Paola Aguirre, también tuvieron una participación digna de resaltar. No sólo fueron voceras de reclamos compartidos por muchísimos más policías que los que se vieron en las marchas, y en momentos de extrema tensión se las vio atemperar ánimos y apaciguar a los más exaltados.
Ayer, tras el acuerdo final, Lami garantizó que no se sancionará a ningún efectivo por la protesta. En la semana que concluye, la Policía de Salta lavó parte de su imagen.
Un precedente, un problema
La protesta policial finalmente culminó en un entendimiento entre el Ejecutivo provincial y los efectivos de la fuerza. Pero, sentó un serio antecedente sobre el que las organizaciones gremiales se apoyarán para solicitar mejores salarios.
En realidad, eso es lo que ocurrió apenas el Gobierno anunció para los policías un aumento salarial del 50%.
La noticia voló y el resto de los gremios adelantaron que pedirán la reapertura de paritarias. Al menos así lo hizo la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y tímidamente le siguió la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A su vez, la Asociación de Docentes de la Provincia (ADP) admitió que sería oportuno llevar adelante una rediscusión salarial para el mes de febrero.
La protesta policial, entonces, generó consecuencias que se desatarán con mayor intensidad entrados los primeros meses de 2014. No obstante los gremios estatales ya habían cerrado la discusión salarial a fines de octubre y no hubo protestas ante el 25% acordado con el Ejecutivo.
El ministro de Economía de Salta, Carlos Parodi ya advirtió que las paritarias cerraron semanas atrás y que no es posible para el Estado otorgarle a todos los trabajadores públicos salarios como los que recibirá ahora la Policía.
El presupuesto de la provincia, aprobado por los diputados el martes pasado, ya contempló el incremento acordado con los gremios en el 25%.
Desde UPCN informaron que en estas semanas comenzarán las reuniones para determinar qué tipo de planteo le llevarán al Gobierno.
El martes, ingresará a la Legislatura para ser tratado en la última sesión del año, el proyecto para incrementar los impuestos que permitirán el pago de la nueva escala salarial de la Policía.
Los datos
El total de personas que trabajan en la administración provincial, sin contar a los empleados municipales, supera las 60.000.
La Unión del Personal Civil de la Nación tiene 14 mil afiliados en Salta. Solicitará la reapertura de las paritarias.
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