El Ejecutivo provincial intenta poner paños fríos a la crisis institucional que golpea a los centros de tratamiento de las adicciones en Salta. Por eso el viernes pasado publicó el decreto que dio origen a la Secretaría de Adicciones, cuya titularidad asumió ayer Martín Teruel.

El contexto en el que llega el nuevo funcionario a ocupar la cartera está afectado por el reclamo de los trabajadores del Centro Provincial Integrador Sanitario (Cepris) y del programa Puentes, que solicitan claridad en las condiciones laborales en que quedarán tras el pase de Adicciones de la órbita de Salud a la de Derechos Humanos. Llevan tres semanas en estado de asamblea y no descartan hacer un paro sin asistencia a los lugares de trabajo en caso que no se asegure la garantía de que los pacientes podrán acceder a tratamientos de Salud si ya no dependen de esa área, y si no aclaran en qué condiciones pasarán los empleados a depender de Derechos Humanos.

No obstante que la nueva medida, apoyada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), ya fue anunciada, el personal de aquellos centros reiteró ayer el reclamo y planteó la falta de planificación sobre las tareas a realizar y sobre las condiciones de empleabilidad. Uno de los psicólogos del Cepris, que pidió no ser identificado, dijo: "lo que hay que discutir ahora es si la parte de asistencia no queda corrida del área de salud y de los dispositivos disponibles".

Teruel, reconoció la problemática que golpea a los centros de recuperación. "Espero que el problema se destrabe. El nuevo decreto les garantiza sus condiciones laborales", explicó éste. Respecto de los cuestionamientos por el pase de Adicciones a la cartera de Derechos Humanos, dijo "incluir en lo social el aspecto de adicciones no es incumplir la ley de salud mental. Es más, la OEA (Organización de Estados Americanos) considera que es una problemática que se aborda desde el trabajo social". Reconoció la gravedad del problema en Salta con las adicciones.

Marianela Cansino, ministra de Derechos Humanos dijo a El Tribuno "la decisión del cambio de área se cuestionó porque los empleados entendieron que iban a retroceder en los beneficios que tenían. Ya les aclaramos que no es así porque hay un decreto que establece que el traslado es en comisión de servicio sin ningún perjuicio". Agregó "en caso de que falten dispositivos para asistencia de adictos van a ser adquirido".

Un testimonio doloroso

Anselma Ríos tiene un hijo que es adicto al paco. Hablar con ella es escuchar la voz de una madre a la que el Estado le da la espalda. Estuvo presente ayer, en el acto en Casa de Gobierno, porque todavía tiene esperanzas de que luego de tantas promesas del Ejecutivo, algo cambie. Así lo reconoce ella: "Estoy decepcionada. Me siento usada, abandonada por el Estado. Mi pelea no es por un subsidio ni por un plan, es por preservar la vida de mi hijo. No pierdo la esperanza. Sigo sin bajar los brazos a pesar de lo duro que es. Ya perdí un hijo y no tengo para perder otro". Esta madre le dijo al diario que hay "confusión con los programas porque se suspenden", "te abandonan en la asistencia a domicilio", entre otros problemas. Teruel la recibirá mañana a las 8 y 30.

Convenio

El sacerdote que conduce el Sedronar, Juan Molina, participó ayer de la asunción de Martín Teruel. Tras el acto, firmó junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, un convenio para la construcción de dos casas educativas terapéuticas, una en Orán, otra en San Lorenzo, con el fin de prevenir y contener a quienes padecen adicciones. Por la tarde, Molina, firmó un convenio con la Municipalidad de Salta para instalar en la el Centro de Prevención Local de las Adicciones.