Las empresas Codao y Tres de Mayo fueron notificadas este mes sobre la "imputación" que definió en su contra la dirección de Comercio Interior por haber paralizado el transporte de esta ciudad en abril de 2010 y podrían recibir una dura sanción económica.

Luego de un moroso trámite que se prolongó más de tres años, el expediente ingresó en etapa definitoria y la resolución definitiva llegaría antes de fin de año.

Las dos prestadoras del servicio están a tiempo todavía de presentar un último descargo. Pero según trascendió, si sus argumentos no introducen ningún elemento novedoso lo más probable es que la autoridad provincial les aplique una severa multa.

El hecho en cuestión ocurrió el 21 de abril de 2010, cuando los directivos de las empresas y muchos de sus trabajadores se concentraron en el Centro Cívico para rechazar un eventual llamado a licitación y exigir una prórroga directa de los contratos de transporte urbano.

Los concejales fueron presionados por un piquete que incluyó quema de neumáticos y la interrupción total del transporte durante unas 10 horas. Finalmente aprobaron una ordenanza que otorgó la prórroga por tres años.

Las dos prestadoras habrían violado la normativa vigente al imponer la medida de fuerza sin aviso previo y sin diagrama de emergencia, como están obligadas a instrumentar (por ejemplo) cuando hay un paro de choferes.

Miles de usuarios se quedaron a pie sin entender qué ocurría. Muchos de ellos eran chicos que al salir de la escuela se encontraron sin transporte y debieron volver a pie a sus domicilios.

En los días posteriores la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omiduc) recibió más de 80 denuncias e intentó promover una conciliación con las empresas que se negaron a cualquier acuerdo. El expediente recayó entonces en Comercio Interior. El delegado local de esa dirección, Damián Vila, explicó que las actuaciones se demoraron más de tres años porque "el municipio no respondía los requerimientos y debió ser intimado varias veces" para que aporte copia de los contratos de transporte. Dijo que tanto la Cooperativa Codao como Microómnibus Tres de Mayo finalmente quedaron imputadas por la violación de los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Uno de ellos las obliga a prestar el servicio en los plazos, condiciones y modalidades que estén convenidos y la otra a brindar a los usuarios "información veraz, detallada, eficaz y suficiente".

Vila dijo que la figura aplicada no es la del "lock out" o paro empresario, porque "se trata de una incorporación pretoriana que no está en el ordenamiento jurídico argentino". Explicó que los sujetos denunciantes son los usuarios y que el municipio "también presentó dos denuncias pero fueron archivadas porque se trata del concedente y no es parte de la relación de consumo".

Señaló que la causa contra las dos empresas barilochenses por la parálisis del transporte es la única en su tipo que le tocó tramitar a Comercio Interior de Río Negro. Pero señaló que existe como antecedente un casi similar en San Luis, donde la empresa Atobuses Santa Fe SRL y otro (UTE) fue multada en 500 mil pesos.