El plan de lucha que llevó adelante la Unión Tranviario Automotor (UTA), que provocó la paralización del servicio del transporte urbano de pasajeros en Río Gallegos, aún no cesó, pero “ha disminuido en su intensidad”, expresó a La Opinión Austral el secretario adjunto de ese gremio, Rubén Aguilera.

Por un lapso de dos semanas, aproximadamente, los choferes de TAISUR realizaron asambleas informativas y reclamos tanto en el Palacio Municipal como también en la sede del Concejo Deliberante, provocando la interrupción del servicio.

“Los reclamos serán administrativos”

Luego de la reunión que mantuvo la Unión Tranviario Automotor con el bloque justicialista, “ha bajado la preocupación de los trabajadores y los reclamos ahora serán administrativos”, sostuvo Aguilera.

De esta manera, se prevé que de aquí en adelante las asambleas informativas queden de lado, “siempre y cuando no haya una decisión política que termine afectando la situación laboral de nuestros afiliados”, señaló el dirigente sindical.

Según explicó el referente de la UTA, “después de la reunión con el bloque justicialista, hicieron la presentación en el Municipio de la ordenanza que solicita el llamado a licitación a dos empresas para que presten el servicio urbano de pasajeros, además del acta que exigimos desde el gremio”.

Ese acta permitirá a la asociación sindical incorporarse al proceso licitatorio, “pero no para tomar decisiones sobre la adjudicación, no nos compete y no solicitamos tener voz dentro de ese ámbito”. No obstante, Aguilera aclaró que “tendremos poder de defensa de los trabajadores durante todo el proceso licitatorio, les explicamos a los concejales que no vamos a permitir que la licitación se vuelva contra los trabajadores”.

Repitió que en aquel encuentro con el bloque justicialista “hicimos notar qué faltaba o no nos aseguraba la continuidad laboral, simplemente eso. Si van a llamar a una empresa u otra, es algo que se resolverá dentro del pliego y por supuesto, como organización seremos parte de la comisión que se conformará cuando el intendente lo disponga”.

En este contexto, la UTA continuará reclamando contra la ordenanza de autoría del concejal Grasso, pero “los reclamos serán administrativos. Se ha descomprimido la preocupación de los trabajadores y se definió suspender momentáneamente las asambleas y los reclamos”.

Aguilera resaltó que la ordenanza continúa “los pasos administrativos y legales correspondientes, sabemos que hasta el 26 de agosto el Ejecutivo municipal tiene tiempo de definir sobre su promulgación o veto, esta decisión la seguimos muy de cerca”, señaló el sindicalista.

Larga distancia con empresariado

Por otro lado, el referente de la Unión Tranviario Automotor, Rubén Aguilera, fue consultado sobre el conflicto que llevó a mediados de año a suspender los servicios de larga distancia en todo el territorio nacional, ante la falta de acuerdo de las cámaras empresarias por un incremento salarial del orden del 23%.

Dio a conocer que hoy las partes volverán a mantener un encuentro en la ciudad de Buenos Aires.

Retroactivo

Aguilera expresó que la negociación hará eje en “el retroactivo. Según estimamos, hay una deuda de unos 8 mil pesos por cada trabajador”. Explicó que se trata de un 18% de enero a abril, “sabemos que hay empresas que lo abonaron de forma remunerativa, otros como futuros aumentos. Es necesario sentarse a analizar quién pago y quién no”, expresó.

Finalmente, señaló que la UTA no descarta concretar medidas de fuerza si no hay avances en la negociación.