El anuncio sobre el incremento que se aplicará en la tarifa del transporte público de la Ciudad y el Gran Buenos Aires a partir del mes próximo forma parte de un achicamiento de los subsidios que, no solo responde a la necesidad de recortar un gasto que mantiene en rojo a las cuentas públicas, sino a la obligación asumida por la Nación con el resto de las provincias para conseguir la adhesión al Consenso Fiscal.
Como parte de la negociación para la firma del pacto que mantiene a raya los gastos en los diferentes distritos, los gobernadores reclamaron a la Casa Rosada la eliminación gradual de los subsidios a la energía y el transporte en favor del Área Metropolitana de Buenos Aires conformada por la Capital y 40 municipios bonaerenses, calculados en aproximadamente $ 90.000 millones anuales.
Su lectura en materia de transporte fue simple: mientras en el AMBA el boleto mínimo tiene un valor de $ 6, en el resto del país puede llegar a costar más del doble. En Rosario supera los $ 11 y en Córdoba llega a $ 15,35; por mencionar solo dos de las ciudades más habitadas del país. De hecho, en algunas provincias como Salta decidieron también avanzar este año con una suba del boleto hasta casi $ 10 por el compromiso fijado en el acuerdo fiscal.
En ese escenario, la aplicación del sistema multimodal, que reduce la tarifa en la medida en que se multiplica el uso, implica un paliativo para el incremento de un servicio con precio desigual en todo el país, pero al que recurre un tercio de la población argentina para movilizarse en un distrito colapsado por el tránsito.
Solo en la Ciudad los colectivos venden 1600 millones de boletos al año, el ferrocarril suma otros 480 millones y el subterráneo, 340 millones. Todo en un distrito que alberga a 1,5 millón de vehículos y al que ingresa diariamente al menos otro millón de automóviles, lo que sumado a las múltiples manifestaciones en las cercanías de la Casa Rosada, ministerios, el Congreso y hasta dependencias judiciales, contribuyen a un estado de congestión reiterada al que no escapan ni el Metrobus ni las bicisendas.
En el AMBA, más de 15 millones de personas se movilizan, principalmente, por cuestiones laborales, de estudio, salud o trámites personales. Producen cerca de la mitad del Producto Bruto Interno argentino pero experimentan también un alto nivel de pobreza. Datos que revelan la naturaleza de un país que reclama federalismo para el reparto de ingresos y subsidios pero concentra su población en una pequeña porción de su territorio, sin distinción de clases.
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