Luego de espurios acuerdos con sectores de la corporación judicial, a los que se les garantizó poder seguir manejando su propio presupuesto, el gobierno nacional hoy intentará avanzar a fondo con uno de los peores avasallamientos institucionales desde el retorno de la democracia.

Concretamente, el kirchnerismo buscará convertir en ley los dos principales proyecto que forman parte de la reforma: la limitación a las medias cautelares, que dejarán indefensos a los ciudadanos que intenten defender el derecho a la propiedad y la libertad de expresión ante el avasallamiento del Estado, como así también la creación de nuevas cámaras de Casación, integradas por integrantes K. Serán nuevos tribunales y estructuras burocráticas conformadas por funcionarios judiciales que responderán al poder político.

Ante tamaño atropello, que daña seriamente la división de poderes, la Constitución nacional, en su articulo 29, no deja lugar a dudas. Afirma que aquellas personas (en este caso legisladores) que le otorguen la suma del poder público a Ejecutivo nacional deben ser juzgadas “como infames traidores a la patria”.

En esa dirección, el constitucional Daniel Sabsay, consultor de organismos internacionales y profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, le dijo Hoy que “sin dudas sería gravísimo que se apruebe esta reforma, porque destruye la separación de poderes y va a transformar al Poder Judicial en un poder cautivo del Ejecutivo”, Agregó: ‘Yo encuentro que esta reforma es absolutamente violatoria de la Constitución Nacional, en dos de los proyectos fundamentales. Uno es el de la reforma del Consejo de la Magistratura y el otro el de las medidas cautelares”.

Ayer, en un burdo intento de maquillar el avasallamiento, el oficialismo aceptó la introducción de algunos pequeños cambios en las iniciativas, en medio de un escándalo ya que desde sectores de la oposición denunciaron un acuerdo oscuro entre la presidenta Cristina Fernández y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Los cambios son dos. El primero es que la Corte seguirá siendo la que administre el presupuesto del Poder Judicial y el segundo es que los secretarios de los juzgados sean designados sin concurso. Si se aprueban las modificaciones, las iniciativas volverán a las cámaras de origen para ser debatidas.

Las modificaciones se dieron a conocer un día después de que Lorenzetti le hiciera llegar una carta a la jefa de Estado, que fue analizada la noche del lunes en la Casa Rosada. La misiva incluía propuestas de cambios que iban en sintonía a los que finalmente terminó impulsando el kirchnerismo.

Asimismo, se mantendrán inalterable el resto de las iniciativas del paquete de leyes, incluida la reforma de cautelares y la ampliación del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, para que el poder político tenga amplias facultades para designar jueces y fiscales amigos, separando a aquellos magistrados que no se encolumnan con el gobierno.

De esta manera, la mayoría automática que tuvo el menemismo durante una década en la Corte Suprema de Justicia será un poroto ante la manipulación que realizará los K una vez que entre en vigencia la polémica reforma.

Una versión contemporánea del Pacto de Olivos

La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) denunció ayer un "pacto entre el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y la presidenta Cristina Fernández tras conocer las modificaciones en la reforma judicial, que el oficialismo le concedió a la Justicia luego de una carta de los magistrados.

"Esto no me lo imaginé de (el ex presidente Carlos) Menem ¿Qué le pasó a esta mujer?", se preguntó Carrió en alusión a Cristina. Y lanzó: “Les está haciendo votar a ustedes lo que ella jamás hubiera votado. Esto es obediencia debida”.

Fue allí cuando aludió a un "pacto" entre los poderes del Estado. “Hoy cuando ví la carta de los jueces, me quedó claro: acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte Suprema y la Presidenta de la República Argentina”, denunció Carrió.

Y se extendió: “¿Qué es lo que retiene el Poder Judicial, qué es lo que le da el Gobierno? Lo que le da es el manejo del dinero, del presupuesto y del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Le dan todo. Es un acuerdo espurio de punta y punta”.

“¿Qué le va a dar Lorenzetti a la Presidenta? ¿Le dará un fallo favorable en la ley de medios, le dará rechazar los juicios por el cepo cambiario?, se preguntó luego.

"Están rompiendo el orden constitucional", le dijo a los diputados del kirchnerismo.

“Estamos ante la suma del poder público”

Ante una consulta de Hoy, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y profesor de Doctorado, afirmó “desde la perspectiva de mejorar el acceso a la Justicia de las personas y mejorar la institucionalidad en términos de lograr una Justicia más imparcial y más independiente, la reforma que impulsa el gobierno no aporta absolutamente nada. Al contrario, lo que hacen es obstruir la protección cautelar de las personas frente al Estado y modificar el Consejo de la Magistratura para politizarlo y quien gane las elecciones pueda manejar a placer y antojo el funcionamiento de la Justicia”.

El especialista remarcó: “En un Congreso que no delibera, que sanciona leyes que le manda el Poder Ejecutivo y que con esta reforma posibilita que la Justicia dependa del Poder Ejecutivo estamos ante una situación fáctica de suma del poder público”.