A un año del derrumbe que se cobró la vida de ocho obreros en Corrientes, la querella insisten en un cambio de carátula y el proceso de los imputados, mientras que los familiares apuntan también a la responsabilidad municipal.
Mientras la investigación judicial sigue su curso en el Juzgado Nº 6, la madre de una de las víctimas, Rosa Urbina, remarcó ayer que “el Municipio, por su poder de Policía, era responsable de controlar las obras para que funcionen como corresponden”.
“Si el Municipio hubiera actuado, la tragedia no hubiera ocurrido”, declaró Urbina. La mujer recordó que el día de la tragedia, llevó a su nieto al jardín y luego se enteró de lo que había ocurrido. Cuando llegó al hospital, su hijo Diego era intervenido quirúrgicamente, aunque no resistió y los médicos le dijeron que no pudieron hacer más nada por él.
“Desde entonces juré que no iba a parar hasta que los responsables, por su memoria y por la de los otros 7 muchachos, paguen”, sentenció.
El derrumbe
El 22 de marzo de 2012, luego de una intensa lluvia, los obreros fueron convocados a trabajar para cargar el hormigón del tanque de agua. A la hora 13, las columnas que sostenían la losa cedieron y Enrique Sosa, Pablo Medina, William Valenzuela, Marcos González, Jorge Acevedo, Diego Rodríguez, Eduardo Acevedo y Ramón Zacarías murieron en una tragedia que según la querella y las familias, “pudo evitarse”.
Ocurrió en el séptimo piso de un edificio que sólo estaba habilitado para construir hasta cinco pisos.
La causa
La investigación está a cargo de la jueza de Instrucción Nº 6, Graciela Ferreyra, y tras el testimonio del obrero sobreviviente, Nelson Valenzuela, la querella reiteró el pedido de un cambio de carátula para que los acusados sean procesados por estrago doloso y vuelvan a ser detenidos por la Justicia.
Ernesto González, representante legal de la familia de Rodríguez (obrero fallecido) responsabilizó ayer al constructor Walter Bruquetas; al propietario Carlos William Mayer y a un ingeniero de la ART La Segunda, como los responsables penales de la tragedia.
“Ellos tienen responsabilidad penal directa porque desde el comienzo mintieron, y sabían que mentían porque el edificio estaba habilitado para cinco pisos y sabían que su proyecto final era de siete pisos, pero no lo declararon para evitar un pago superior”, denunció González.
El pasado 5 de marzo, el sobreviviente Nelson Valenzuela declaró en sede judicial por alrededor de nueve horas, presentó un video como prueba de la responsabilidad empresarial, y pidió que “Corrientes nunca olvide lo que pasó”.
Testimonio
“Nosotros vimos que las cargas estaban mal construidas, las columnas no estaban en el lugar que tenían que estar… pero nos habían contratado para la sala de máquina y el tanque, debíamos hacer ese trabajo y retirarnos de la obra”, recordó Valenzuela, el sobreviviente de 23 años. Estuvo 20 días en coma, superó varias cirugías y sigue en recuperación.
Respecto de las medidas de seguridad, dijo que cuando ingresaron a la obra “sólo había dos arneses”, y tras la caída de hierros a la casa de un vecino, pidieron más arneses y una soga para poder sujetarse, pero según indicó, “sólo trajeron dos arneses, nada más”.
El obrero contó que en el momento del derrumbe, “el 80% del tanque ya estaba cargado”. “No nos faltaba nada, sólo bajar, lavar nuestras botas e irnos a casa… Recuerdo un golpe, después no recuerdo nada más”.
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