Las familias de los 8 obreros fallecidos en la obra de la calle San Martín 652, el pasado 22 de marzo, volvieron a movilizarse ayer por las calles de la ciudad, a 7 meses del derrumbe, en cuya causa judicial no tiene detenidos hasta el momento. Reclamaron celeridad en el tratamiento del expediente y exigieron más controles para las obras particulares. Frente a la Municipalidad, los Juzgados de Instrucción y el Superior Tribunal de Justicia expresaron el dolor de la pérdida y reiteraron que la tragedia era “evitable”.

Las abogados querellantes por parte de la familia Rodríguez, Ernesto González y Rubén Leiva, responsabilizan a los empresarios imputados, por “acción y omisión”.

En ese aspecto, para las familias, “la causa está paralizada” y reiteraron el pedido público para que desde el Juzgado de Instrucción Nº 6, la jueza Graciela Ferreyra cite a declarar al sobreviviente de la tragedia, Nelson Valenzuela. Según indicaron a La República, “Nelson quiere hablar y decir todo lo que sabe para dar su aporte en la investigación”.

Luego de pasar por los Juzgados y el Superior Tribunal de Justicia, los manifestantes llegaron a la Municipalidad de Corrientes donde reclamaron que se admita la supuesta responsabilidad de funcionarios comunales en el derrumbe, debido a la falta de controles pertinentes.

“Hay funcionarios que son directamente responsables. Si hubiese estado clausurada la obra, no habría ocurrido lo que pasó”, afirmó una de las madres.

En esta oportunidad, la movilización fue especialmente emotiva. A las banderas negras y fotografías de los obreros fallecidos se sumó el clamor de las madres para las que el domingo no fue una ocasión de festejos. Por primera vez, pasaron su día sin sus hijos y dijeron que nunca sintieron un dolor más profundo.

“Pasé el peor Día de la Madre de mi vida”, sostuvo Rosa Urbina, madre de Diego Rodríguez (25), uno de los ocho obreros fallecidos. “Tuve que ir yo a saludarlo en su sepultura. Fue muy triste, me pasé llorando, como seguramente todas las madres que perdimos nuestros hijos en la maldita obra”, declaró a la prensa la mujer.

Urbina, de 55 años, es una de las familiares imputados por los cargos de “supuestas amenazas, daños y lesiones 5 veces reiteradas en concurso real”, en el marco del escrache que tuvo lugar frente al domicilio de la jueza sustituta Nº 3, Josefina González Cabañas, el 22 de agosto.